- Señala Carlos Del Piélago Cárdenas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
Se hizo la pregunta en torno a qué si ambas entidades coordinaban su labor, debido a que a veces se observan aclaraciones en el marco de las investigaciones que desarrollan las fiscalías.
“Cumplimos con nuestro rol. Si coordinamos algo sería como que estaríamos parcializados con el ministerio público. El ministerio público es una entidad totalmente estructurada, constitucional y autónoma. Tiene funciones claramente establecidas en la Constitución y la ley. Y las disposiciones que la Fiscalía de la Nación da.
Lo que se tiene que hacer de parte de cualquier persona y eso incluye al ministerio público, es presentar sus peticiones en tiempo oportuno, adecuadamente, fundamentadas para que puedan tener éxito.
Pero si vamos a tener hechos como los que “se me venció el plazo porque no tenía impresora”, caso que ya ocurrió. O llegar tarde en el último día, en el último minuto, se les espera y no llega. Luego lo presenta tarde y lo presenta mal, tal como hemos informado, esa es responsabilidad de la persona que tenía a su cargo el caso. No es falta de coordinación sino responsabilidad de quien tiene el caso y no hace lo que tiene que hacer.
Ahora ¿con eso estamos en contra del ministerio público? No. Tenemos que trabajar juntos. Ellos impulsan sus investigaciones y formulan acusaciones. Nosotros juzgamos de manera imparcial porque por otro lado está la persona que ha sido denunciada y que tiene el derecho de que se presuma su inocencia. Nosotros de manera imparcial vamos a escuchar tanto al ministerio público, así como a los abogados de la defensa y en atención a ello resolver.
De otro lado. ¿En qué estado se encuentra el caso de la ex alcaldesa de Maynas, conoce?
-Entiendo que la ex alcaldesa ahora ya no está en Iquitos, se dice que está en San Martín y utilizaría mecanismos para dilatar el proceso. No puedo decir más porque no estoy directamente vinculado con ninguno de los casos.
-Coincido con la opinión expresada por la comisión nacional de derechos humanos y la Corte Interamericana de derechos humanos.
