Los objetivos de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, son sueños bien difíciles de alcanzar, por más que los técnicos y especialistas se esfuercen por mostrar su efectividad.
Es más, se dice que el mencionado instrumento legal, permite generar medidas a fin de corregir errores, pero, como se dice en una nota escrita por la periodista Diana López, publicada ayer en La Región, el terreno pareciera estar minado.
Es la mejor intención de la Ley 27658, disminuir la corrupción, pasando por la capacitación, implementación y la sensibilización de servidores públicos, esos que viven de los vicios y las malas prácticas en el uso de sus funciones dentro de las instituciones, que son símbolos de corrupción.
Pero aunque usted no lo crea, el mismo sistema permite a los malos funcionarios continuar, cometer los mismos vicios administrativos, a lo que se suma la debilidad en la aplicación de las sanciones administrativas, que cuando se imponen, el poder judicial se encarga, se asegura que sin proponerse, de burlar al propio Estado.
En fin, lo que se busca en todo esto es que la ciudadanía recupere su confianza en el aparto estatal, en los funcionarios y servidores públicos en general que se han ganado la desconfianza y la condena de la población que ve en ellos a quienes hay que rogarles para un trámite o en el peor de los casos bajarles una propina o unos buenos billetes para que el documento que se sigue continúe su trámite.
No cambiará este panorama mientras los ahora enquistados cedan sus posiciones a otros que seguirán sus mismas malas prácticas. Sólo queda penalizar duramente actos como las coimas y los cobros indebidos. De otra forma está bien difícil cambiar esa podrida mentalidad.
