La declaratoria de emergencia del distrito de Nanay representa un reconocimiento importante de la gravedad que ha alcanzado la minería ilegal en esta zona de Loreto. Durante meses, distintas instituciones han advertido sobre la presencia creciente de actividades ilícitas que amenazan los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades. Que el Estado haya puesto finalmente la mirada sobre el Nanay es un paso necesario, pero una declaratoria, por sí sola, no detiene dragas ni desarticula organizaciones.
El problema aparece cuando se anuncia una emergencia, pero se mantiene el mismo presupuesto que ya resultaba insuficiente para enfrentar una actividad ilegal que dispone de recursos, logística y capacidad para movilizar combustible, maquinaria e insumos por los ríos amazónicos. Si se pretende una presencia permanente del Estado, se necesitan recursos adicionales y específicos para esta tarea: combustible para las patrullas fluviales, mantenimiento y operatividad de embarcaciones, equipos de comunicación, personal suficiente y medios logísticos para realizar intervenciones en zonas alejadas.
También se requiere fortalecer la capacidad de investigación. La Fiscalía Ambiental y las instituciones que participan en los operativos necesitan recursos para desplazamientos, recopilación de información, seguimiento de las rutas de abastecimiento y acciones de inteligencia que permitan identificar a quienes financian y suministran la minería ilegal. No basta con llegar al lugar donde está la draga; hay que seguir el dinero, identificar a los proveedores y establecer quiénes hacen posible que los equipos, combustible e insumos lleguen hasta las zonas de explotación.
Por eso, el pedido de recursos debe estar directamente vinculado a objetivos concretos. Mayor presupuesto debe significar más patrullaje fluvial, controles permanentes en los puntos de ingreso al Nanay, verificación de embarcaciones, fiscalización del combustible y de otros insumos, además de capacidad para realizar operativos e investigaciones de manera sostenida. De poco serviría disponer de facultades extraordinarias si las instituciones encargadas no cuentan con los medios materiales para ejercerlas.
La emergencia también exige una coordinación efectiva entre Fiscalía, Policía, Marina de Guerra, autoridades ambientales, Energía y Minas y los gobiernos locales. Cada institución debe saber qué función cumple, con qué recursos cuenta y qué resultados se esperan. El control del Nanay no puede depender únicamente de operativos ocasionales que aparecen después de una denuncia o cuando la maquinaria ilegal ya se encuentra instalada. Se necesita presencia permanente y capacidad de anticipación.
El Estado ha dado un primer paso al reconocer la emergencia. Ahora corresponde que esa decisión venga acompañada de recursos extraordinarios y claramente destinados a enfrentar la minería ilegal en el Nanay. Loreto no pide solamente más presupuesto: pide que el dinero se traduzca en combustible para patrullaje, embarcaciones operativas, personal, equipos, inteligencia y capacidad de investigación. Porque defender el Nanay no significa únicamente retirar una draga del río; significa cortar la cadena que la financia, la abastece y permite que vuelva a operar.
