- Fiscalía investiga al director y a un docente, mientras padres de familia denuncian que estudiantes habrían sido enviados a realizar labores de demolición a cambio de notas
La muerte de Taylor Yaicate Ricopa (18), ocurrida ayer lunes 24 de agosto, ha dejado al descubierto una grave situación que trasciende la figura de un accidente escolar. El estudiante quedó atrapado bajo una estructura de concreto mientras realizaba trabajos dentro de la institución educativa N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, en Punchana, y falleció horas después en el Hospital Regional de Loreto.
La tragedia ocurrió en un colegio cuya nueva infraestructura fue presentada por el Gobierno Regional de Loreto como una importante inversión destinada a mejorar las condiciones educativas de aproximadamente dos mil estudiantes. El proyecto comenzó a ejecutarse en 2024 y contó con una inversión superior a los S/ 36 millones.
Todavía en mayo de este año, el propio Gobierno Regional informaba que la construcción había superado el 95% de avance físico y se encontraba en su etapa final. La información oficial destacaba la implementación de aulas, laboratorios, biblioteca, áreas deportivas y otros ambientes como parte de una moderna infraestructura educativa.
La presencia de estudiantes realizando una actividad de demolición dentro de este plantel constituye uno de los principales hechos que deberá esclarecer la investigación. Corresponde determinar si la estructura que colapsó pertenecía a la construcción antigua, si estaba pendiente de retiro, si formaba parte del proyecto ejecutado o si existían observaciones previas que exigían su intervención.
El padre de Taylor aseguró que su hijo participó en los trabajos porque docentes habrían dispuesto que los alumnos colaboraran con la demolición a cambio de una calificación. Según su testimonio, incluso alquiló una bomba para facilitar el trabajo que realizaría el joven. La versión todavía debe ser corroborada oficialmente, pero introduce una presunta responsabilidad directa sobre la decisión de exponer a estudiantes a una actividad de riesgo.
La Defensoría del Pueblo también ha solicitado que se determine quién dispuso que alumnos de quinto de secundaria participaran en estas labores. La institución inició acciones de supervisión y exigió una investigación inmediata frente a la muerte del estudiante.
De confirmarse que escolares fueron utilizados para desmontar o demoler infraestructura, el hecho evidenciaría una grave vulneración de los protocolos mínimos de seguridad. Una actividad que implica retirar concreto, trabajar alrededor de estructuras deterioradas y manipular equipos no corresponde a estudiantes, sino a trabajadores capacitados, con supervisión técnica y elementos de protección.
Taylor fue quien sufrió las consecuencias más graves. El director del Hospital Regional de Loreto, Jehoshua López, informó que el estudiante llegó después de permanecer aproximadamente 30 minutos sin actividad cardíaca y que el personal médico consiguió reanimarlo. Permaneció en Trauma Shock con síndrome post reanimación y sospecha de una fractura de cráneo.
Horas después, el joven sufrió un nuevo paro cardíaco. El personal médico volvió a realizar maniobras de reanimación, pero esta vez no fue posible recuperar la actividad del corazón. Su cuerpo fue posteriormente trasladado a la morgue del Ministerio Público para los exámenes correspondientes.
Otro estudiante, Antony Gárate Ríos, de 18 años, también resultó afectado durante el colapso. Fue diagnosticado como policontuso y permaneció bajo evaluación médica, mientras las investigaciones comenzaron a reconstruir las circunstancias exactas en las que ambos jóvenes terminaron expuestos a la estructura.
A las denuncias sobre la participación de estudiantes se suman las declaraciones de padres de familia que aseguran haber advertido previamente sobre el peligro existente en determinadas estructuras del colegio. Roy Daza sostuvo que se había solicitado el retiro de un tanque y de elementos considerados riesgosos, además de afirmar que la obra habría sido recibida con 48 observaciones. Este último señalamiento deberá ser contrastado con la documentación oficial del proyecto.
La presunta existencia de observaciones convierte en indispensable revisar toda la documentación relacionada con la obra. Los expedientes técnicos, informes de supervisión, valorizaciones, actas de recepción y documentos de levantamiento de observaciones deben permitir establecer qué condiciones presentaba la infraestructura y quiénes tenían la responsabilidad de garantizar su seguridad antes de permitir el uso de las instalaciones.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, junto con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, realizó una constatación en la institución educativa. La diligencia busca recopilar información sobre las condiciones del lugar y verificar si existen elementos relacionados con la ejecución y supervisión de la obra que deban ser investigados.
Paralelamente, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas inició diligencias por la muerte del estudiante y dispuso la detención del director y de un docente del colegio mientras se establecen responsabilidades. La investigación deberá determinar la participación concreta de cada persona involucrada y evitar que toda la responsabilidad se reduzca únicamente al último eslabón de una posible cadena de decisiones y omisiones.
El caso también compromete la responsabilidad institucional de quienes tuvieron a su cargo la ejecución, supervisión, recepción y mantenimiento de una infraestructura educativa presentada públicamente como moderna y segura. Si existían estructuras pendientes de demolición, zonas peligrosas u observaciones sin levantar, correspondía impedir que estudiantes tuvieran acceso a ellas y garantizar que cualquier intervención fuera realizada exclusivamente por personal especializado.
La muerte de Taylor Yaicate Ricopa exige una investigación que alcance a todos los niveles involucrados. La tragedia no puede quedar reducida a una fatalidad ni cerrarse con condolencias oficiales. La ciudadanía exige establecer si existieron negligencias, omisiones administrativas, fallas de supervisión o decisiones irresponsables que permitieron que un joven que debía culminar sus estudios terminara perdiendo la vida debajo de una estructura dentro de su propio colegio. (K. Rodriguez)
