Cuando se crearon las direcciones de educación en el ámbito nacional, el propósito del gobierno de entonces fue ensayar una especie de descentralización que sirviera de modelo a otros ambientes del quehacer estatal en el país.
Lo que pasó después con la nueva especie, es una narración de antología, pues la forma desde su primer vagido fue fácil presa del todopoderoso SUTEP, que de inmediato colmó los ámbitos ya no magisteriales sino administrativos de las nuevas direcciones que poco a poco, quedaron a merced de la nueva ralea magisterial.
La situación con el tiempo, lejos de mejorar fue empeorando, al extremo que la mayoría de la estructura educativa quedó en manos de quienes sobre el papel, deberían actuar bajo formas emanadas del ente rector en la rama educativa.
El gobierno, posiblemente en procura de recuperar el espacio perdido, recurrió al sistema de designar como directores responsables de las direcciones, primero departamentales y ahora regionales, a educadores sin compromiso con el SUTEP; sin embargo pese a eso siempre el designado era defenestrado por quienes se resisten a dejar el poder, bajo diferentes acusaciones que motivaban la renuncia o la destitución de la autoridad.
Todos estos contratiempos, estimamos que son la causa de los problemas estructurales de muchos centros educativos de Loreto que, increíblemente, han iniciado el año escolar en locales que hasta ahora carecen de servicios esenciales, como es el del servicio de agua potable, elemento principalísimo en toda estructura donde se activan seres humanos, en este caso niños ubicados en crucial alternativa, dada le edad que ostentan y que los hace sensibles a contraer contagios que son producto de la falta de higiene proveniente de la falta de agua.
Tan aberrante situación tiene su comienzo en la negligente actitud de los responsables de la Dirección Regional de Educación que mantienen a la entidad bajo su responsabilidad, en calidad de morosa ante la empresa prestadora de servicios de Agua Potable, a la cual le adeudan importantes sumas, dada su negativa a pagar los recibos por el servicio prestado. Aquí se precisa preguntar: no hay quién sancione este semejante descuido producto de la improvisación administrativa que no creemos sea apoyada por el Gobierno Regional.
