Ministerio Público se pronunciará sobre proceso seguido a segundo grupo de denunciados en toma del aeródromo

-Se proyecta para la próxima semana

– Abog. Jorge Tacuri, conocido porque logró la absolución del primer grupo de indígenas denunciados, compara retraso extenso en el tema judicial.

Así lo dio a conocer ayer el abogado, haciendo hincapié en el retraso grande que ha tenido el proceso seguido contra el segundo grupo de denunciados por los hechos ocurridos el pasado 20 de marzo de 2008 en la comunidad 12 de Octubre-Andoas.

Abog. Jorge Tacuri, anuncia que próxima semana Ministerio Público se pronunciará sobre segundo grupo de denunciados en caso Andoas.
Abog. Jorge Tacuri, anuncia que próxima semana Ministerio Público se pronunciará sobre segundo grupo de denunciados en caso Andoas.

Como se recuerda brevemente el pasado 20 de marzo de 2008 los indígenas de Andoas del Lote 1AB y las comunidades de 12 de Octubre, tomaron el aeródromo y el campamento de la empresa Pluspetrol. Hubo 50 personas detenidas, falleció un policía. Por competencia y tema territorial el Juzgado del Datem del Marañón abrió proceso contra 21 indígenas y el Juzgado de Nauta abrió proceso contra 25 moradores de esa zona. Incluso varios estuvieron presos. En el caso de Andoas consiguieron una sentencia absolutoria, pero para el grupo de los otros 25 indígenas, ni siquiera se ha dado inicio al juicio oral.

«En el caso de Andoas la Comunidad 12 de Octubre que vio el Juzgado de Nauta a nivel de investigación judicial, el expediente ya está en la Fiscalía Superior para emitir acusación que podría ser esta semana. Lo lamentable de esto y me dirijo con todo respeto al presidente de la Corte Superior Aldo Atarama: es que no es posible que un caso que tiene el mismo origen, el del Datem del Marañón está en la Suprema a punto de resolverse, y en el otro ni siquiera avanza como se debe. Esto crea mala imagen al Poder Judicial porque lleva a que el proceso se dilate y no termine.

Lo peor es que genera incertidumbre y eso se llama estrategias de criminalización en la protesta. A veces no necesariamente la criminalización busca una sanción, sino el mantener un «statu quo» de amenaza latente de pena a través de un proceso contra personas que se han opuesto o resistido a las actividades extractivas como la de Pluspetrol», puntualizó Tacuri.