- Organizaciones indígenas alertan sobre el incremento de dragas en el río Marañón y advierten riesgos ambientales y sociales en la provincia
El avance de la minería ilegal en la provincia de Datem del Marañón continúa generando preocupación entre la población y las organizaciones indígenas, debido al incremento de dragas que operan en el río Marañón y otros afluentes de la zona.
Durante una reciente visita de autoridades policiales a San Lorenzo, diversos sectores esperaban conocer las acciones que se vienen ejecutando para enfrentar esta actividad ilícita. Sin embargo, no se brindaron detalles públicos sobre las estrategias de intervención ni sobre el trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el Ministerio Público.
La preocupación se centra especialmente en el crecimiento constante de las operaciones mineras en sectores cercanos al distrito de Manseriche, donde, según se advirtió, cada vez son más las dragas instaladas en el río Marañón.
Además del impacto ambiental, la minería ilegal estaría generando problemas sociales en las comunidades de la provincia. Incluso, se informó que hace aproximadamente una semana se registró la muerte de una persona en una zona donde operan estas embarcaciones, hecho que, de manera preliminar, habría ocurrido por ahogamiento.
Las organizaciones indígenas han reiterado en varias oportunidades su preocupación por la expansión de esta actividad y han solicitado una intervención más efectiva del Estado para proteger los recursos naturales y la seguridad de las poblaciones ribereñas.
Asimismo, se advirtió que el problema podría agravarse si no se adoptan medidas oportunas, recordando que situaciones similares ya se registran en otras cuencas amazónicas afectadas por la minería ilegal.
Frente a este escenario, diversos sectores consideran urgente fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones competentes para frenar el avance de las dragas y evitar mayores impactos sobre el río Marañón y las comunidades que dependen de este recurso para su subsistencia.
La población espera que las autoridades nacionales y regionales implementen acciones concretas que permitan controlar la expansión de la minería ilegal y prevenir que la problemática continúe extendiéndose en Datem del Marañón.
(K. Rodriguez)
