Por: Héctor Minguillo Chanamé
En los últimos 10 años, las actividades ilícitas en Loreto se han fortalecido mientras las autoridades encargadas de hacer respetar el Estado de derecho hacen la vista gorda ante esta triste realidad. Lo acontecido con el río Nanay es indignante y alarmante.
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), adscrito al Ministerio de Energía y Minas —ya sea por negligencia o por presuntos actos de corrupción—, convocó a un concurso público en noviembre del año pasado. Esto ocurrió a pesar de la vigencia de los Decretos Supremos N.º 030-2023-EM y N.º 022-2024-EM, los cuales suspenden el otorgamiento de petitorios mineros en esta cuenca hasta noviembre de 2026.
En dicho concurso, INGEMMET admitió dos solicitudes de concesión minera: una a nombre de Achuny (la cual ya fue descartada) y otra a nombre de Jaguar Dorado, la cual continúa su trámite regular en el Ministerio de Energía y Minas a la espera de ser aprobada. Este no es un hecho aislado, sino una conducta sistemática por parte de INGEMMET. Ante esto, debemos tener claro lo siguiente:
Desprecio por la normativa regional: Los administradores del Estado parecen haber olvidado que, mediante la Ordenanza Regional N.º 006-2003-CR/RL, se declaró a la cuenca del río Nanay como zona de exclusión para actividades de extracción minera. Gestiones posteriores del GOREL han emitido ordenanzas en la misma línea; sin embargo, INGEMMET continúa ignorándolas.
Infracción del marco de descentralización: El Gobierno Central debe recordar que las ordenanzas regionales son normas con rango de ley en su jurisdicción y deben respetarse conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Vulneración de la prohibición de dragas: El Decreto Legislativo N.º 1100, publicado en El Peruano en febrero de 2012, establece claramente en su artículo 5 la prohibición absoluta en la pequeña minería y minería artesanal de:
5.1 El uso de dragas y artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, espejos de agua, humedales y aguajales.
Entiéndase por artefactos similares:
a) Unidades móviles o portátiles que succionan materiales de los lechos de ríos o cursos de agua para la extracción de oro u otros minerales.
b) Dragas hidráulicas, dragas de succión, balsas gringo, balsas castillo, balsas draga, tracas y carancheras.
c) Cualquier equipo con bomba de succión de cualquier dimensión, cuente o no con zaranda o canaleta.
d) Cualquier otro artefacto que genere un daño o efecto similar.
Desconocimiento de pronunciamientos internacionales: Las autoridades también han ignorado el Dictamen N.º 007-2025, emitido el 6 de octubre de 2025 por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), instancia internacional a la que acudió la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY).
Frente a la indiferencia y el silencio sepulcral de los tres niveles de gobierno ante este atentado contra la vida y la salud, la ciudadanía debe estar alerta. El uso de mercurio para extraer oro aluvial está envenenando las aguas de nuestros ríos. No podemos permitir que la negligencia de los funcionarios de INGEMMET dé luz verde a solicitudes como la de Jaguar Dorado, la cual avanza hacia su aprobación definitiva.
Invocamos al pueblo loretano a organizarse activamente. No sería la primera vez que se intenta otorgar una concesión en el Nanay. Recordemos que en agosto de 2023 se otorgó la concesión Raíces Gadaffy a favor de Ricardo Moreno Valderrama —concesión que fue blindada por funcionarios de INGEMMET ante denuncias en la Fiscalía Ambiental de Lima.
Dicha concesión sólo logró frenar gracias a la movilización masiva de estudiantes, padres de familia, instituciones y ciudadanos liderados por el Comité de Defensa del Agua de Iquitos y el profesor José Manuyama Ahuite.
Hoy, la concesión Jaguar Dorado sigue en trámite tras haber recibido el visto bueno de funcionarios de SERFOR.
Está probado científicamente —por instituciones como CINCIA y diversos estudios que han analizado la sangre de los pobladores y las especies de peces de consumo diario en el Nanay y el Putumayo— que los niveles de contaminación por mercurio son críticos.
Ante la inoperancia de un Estado que incumple su deber constitucional de proteger a la persona humana como fin supremo de la sociedad, nos corresponde a los ciudadanos organizarnos y salir a defender nuestro derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano.
Nota: Datos tomados de la entrevista a la Dra. Karina Garay, abogada y vocera del colectivo Observatorio de Minería Ilegal, publicada en el diario La Región el 25 de junio.
