En la actualidad existen coordinaciones entre las entidades afines para combatir la minería ilegal, en el caso de Loreto que avanza a pasos agigantados, al punto que los extranjeros inmersos en el delito han formado su propia comunidad en el Alto Nanay, donde ni la alcaldesa puede poner orden.
En ese contexto de esta actividad ilícita que afecta a varias regiones del país, el gobierno nacional a través del Congreso de la República ha dado el paso de crear la Autoridad Multisectorial para combatir la Minería Ilegal y los delitos conexos y promover el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas, con sus siglas: Amcomi.
Previo han declarado de interés nacional la creación de esta nueva autoridad, pero no dejará de ser más de lo mismo si será una nueva ley que nace sin la base del presupuesto más que suficiente para atacar a este negocio ilícito que contamina nuestros ríos, genera conflictos y males sociales.
La ley N° 32226 fue publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en su artículo 1 se destaca que es “para la articulación multisectorial e intergubernamental de las entidades del Estado, en pro del orden y desarrollo del país”.
Pero, esto se ha venido dando, el grave problema para actuar es que la Fuerza Armada (Marina, Ejército y FAP) no cuentan con el presupuesto ni las bases operativas para actuar, en coordinación con la Policía, la Fiscalía, Migraciones, las autoridades ediles, las autoridades y líderes comunales, las poblaciones y el necesario involucramiento del Gorel mediante sus instancias de Energía y Minas, así como Ambiental.
Estaremos atentos a cómo se irá implementando esta nueva ley, que para crear leyes muertas somos campeones, estas nacen, pero demoran una eternidad para los reglamentos y asignar la logística, y otros recursos para actuar de verdad, y no estar dándole vuelta al asunto.
Una forma de engaño, mientras el país se sigue hundiendo con la grave contaminación que genera la minería ilegal. A lo que se tiene que agregar que, en ciertos casos, ni la minería legal se debe permitir por la fragilidad en los controles. Les autorizan una actividad y salen haciendo otra. El punto de enorme riesgo es que la contaminación nos puede sobrepasar.
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