- A pesar de todo, se dan pasos contra la corriente.
- En Loreto una de las actividades donde se configura este delito también es en la tala y minería ilegal.
- La falta de estrictos protocolos en el transporte fluvial también favorece la trata de personas.
En un contexto socioeconómico de mucha dificultad y con alto desempleo, personas entre 18 y 29 años vienen apareciendo como víctimas del delito de la trata de personas, así como también aparecen menores de edad que de un total representan el 30 %, pero se presume que en general hay muchas más víctimas que no aparecen en los registros oficiales.
En el caso de la captación de menores de edad es que cada vez son más y la tendencia es que sean captados a través de internet, de medios digitales como facebook, tik tok y otros destinos virtuales. Al respecto la organización Capital Humano y Social CHS Alternativo ha realizado un estudio en el 2018 y luego en 2023, evidenciándose que de un período a otro los niños que tienen un celular eran de 13 años a más, variando a de 9 a 10 años, expuestos a riesgos de captación si no hay un control.
Otro dato importante es que más del 70 % de las víctimas fueron captadas por una falsa oferta de trabajo, que coincide con la falta de trabajo formal y sin riesgos. Por lo que cuando la víctima es rescatada es importante que se le pueda brindar una opción laboral. Sin embargo, no existen programas específicos de reinserción laboral, de emprendimientos para un perfil específico de víctimas de trata.
Mauro Rojas Sánchez, abogado de la organización Capital Humano y Social Alternativo, refirió que de las víctimas el 50 % son mujeres, donde también aparecen menores de edad y algunas extranjeras de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela. Así en 2023 se registró 2421 personas imputadas, de estos de son Loreto 156 imputados, según información general del ministerio público.
La trata de personas representa a la segunda economía ilícita de mayor recaudación en el Perú. Se muestra un delito dinámico complejo en la persecución y relacionado con organizaciones criminales que manejan millonarios presupuestos, y para cuya lucha el gobierno nacional en el 2023 ha destinado un poco más de 6 millones de soles, lo que significa el 0.003 % del presupuesto general de la República. CHS Alternativo lo ha calculado en soles, y representa más o menos 18 céntimos de sol para cada ciudadano, para la prevención, persecución del delito y la atención de las víctimas de trata. Lo que es total insuficiente.
En cuanto a los registros oficiales, también existe una enorme dificultad para tener cifras más exactas, puesto que no existe un registro único. Cada institución tiene su propio registro y además que no coinciden en los criterios de registros, lo que dificulta el accionar entra las entidades.
“Unificar y estandarizar los criterios de registro es básico, se necesita la voluntad política para crear un registro único, que permita tener mayor claridad de manera actualizada cuál es el panorama de la trata de personas en cuanto al registro de víctimas, imputados, sentenciados, entre otros”, señala con mucha preocupación el abogado Rojas Sánchez.
Para crear el sistema de registro único se necesita presupuesto y voluntad política, porque se tiene que contar con personal que mantenga actualizado los datos. Es poco entendible el hecho de que los registros de denuncias realizadas a la policía no se compartan con el ministerio público. Y “cuando las denuncias son directas a las comisarías tampoco se comparte de manera adecuada por el ministerio del interior, que es el ente rector de la política nacional frente a la trata. Esta información tampoco se comparte con el poder judicial que es el que reporta el número final de condenados, y tampoco se comparte con el INPE que es el que efectiviza las condenas a través de los centros penitenciarios del país”. Precisa el abogado de CHS Alternativo.
Además, considera que lo primero que se tiene que clarificar son los criterios del registro, donde se pueden identificar no solo el nombre, la edad y el sexo de la víctima, sino también la nacionalidad, si pertenece a una comunidad indígena, adulto mayor, si tiene discapacidad y alguna otra condición de vulnerabilidad, para que se brinde una atención prioritaria.
Por lo expresado el presupuesto para la lucha contra la trata de personas es ínfimo, con lo que tampoco se podría implementar un sistema de registro único, o tal vez asignándose un presupuesto específico para esto. A pesar de todo, se dan pasos contra la corriente en la lucha contra la trata de personas en el país, pero infelizmente la reciente aprobada Ley 32165, reduce la rendición de cuentas.
La figura es ahora que el primer ministro y el ministro del interior ya no están obligados a acudir al Congreso a rendir cuentas sobre la implementación de las medidas contra la trata de personas. La rendición de cuentas ahora se va hacer en la comisión de justicia y derechos humanos, y en la comisión de mujer y familia. Un espacio donde no se puede discutir de presupuesto ni de economías criminales de minería y tala ilegal, que están bastante vinculados a la trata de personas.
Esto representa un retroceso en la lucha contra la trata de personas que es muy preocupante, ya que el ínfimo presupuesto nacional no podrá ser evidenciado con la misma claridad para todo el país. El escenario es negativo, con un bajísimo presupuesto, sin registro único de casos y sin la posibilidad de que los ministerios ejecutores de esta lucha rindan cuentas ante el Congreso de la República.
En cuanto a la lucha desde las regiones, los espacios de concertación regional para la lucha contra la trata de personas, por supuesto que son fundamentales para poder identificar los problemas específicos de la región, aunque el tema presupuestal afecta a todos, en el tema de la identificación de espacios donde ocurre la trata de personas estos han podido ser señalados, más no combatidos con efectividad.
En el caso nuestra región Loreto, además de las víctimas de trata para explotación sexual, otras formas de trabajos forzosos se presentan en la tala ilegal, y la minería ilegal aurífera que crece aceleradamente en diversas cuencas fluviales de esta parte de la Amazonía. Y un aspecto muy sensible es cómo los tratantes tienen la facilidad de sacar a las víctimas en embarcaciones de ruta por el río, donde el control de pasajeros no obedece a estrictos protocolos de embarque.
Desde las regiones también se percibe la falta de voluntad política en esta lucha contra la trata de personas, aun así, todo esfuerzo vale mientras se espera que los gobernantes de turno reaccionen ante el daño que se está haciendo, en la práctica permitiendo que miles de ciudadanos caigan en las manos de los tratantes de personas y que quizás nunca puedan librarse.
También es muy importante hacer campañas de prevención para identificar posibles víctimas, de personas en riesgo de caer en manos de los tratantes, o identificar a víctimas del delito. La sociedad civil también está llamada a integrarse en la lucha contra este daño y delito social, donde pueden caer amigos, familiares, vecinos, conocidos, y lo más sensible, nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin oportunidades inmediatas. Mientras también decepciona el cálculo que, de cada 10 tratantes, sólo 3 terminan teniendo una sentencia condenatoria. Son muy pocos los que terminan siendo procesados. Los delitos de explotación humana son la peor versión de una sociedad que se considera civilizada. (Diana López Meléndez)
