Por: Luis Calcina Romero (*)
Eran de estatura pequeña, morenas y delgadas. No tenían más de 16 años, aunque se esforzaban en actuar como mujeres mayores. Sus caras de niñas contrastaban con las minifaldas y blusas escotadas que llevaban puestas. Nos abordaron como a las dos de la mañana, a la salida del COA, ofreciéndonos ir a bailar y pasar un «buen momento».
Ante la pregunta obligada sobre qué hacen chicas tan jóvenes andando por la calle, solas, a altas horas de la noche, no supieron responder. Lo más probable es que estas tres jóvenes no tenían papá o mamá y si así fuese, es obvio que sus padres o eran unos idiotas, o las inducían (obligaban) a actuar de esa manera. Lo único cierto es que no les importa lo que pase con sus hijas.
Desistimos de ir a bailar pero las invitamos a cenar. Ellas eran nuestras guías, total éramos recién llegados y no conocíamos la ciudad, muchos menos la vida nocturna de Iquitos. Luego de la cena me retiré a dormir porque en la mañana debía ir a trabajar. Mi amigo decidió acompañarlas un rato más. Al día siguiente, algo confundido, me contó que en el camino lo interceptó un mototaxi y en complicidad de estas niñas lo asaltaron y le robaron hasta el par de zapatillas que llevaba puestas.
Al otro lado de Iquitos, a través de los noticias me entero que en marzo, en el distrito de Punchana, la municipalidad clausuró los hostales «Bunker» y «Detalles», donde, como reconocieron los propietarios, se permitía el ingreso de menores de edad. Para sorpresa mía la semana pasada leo en los periódicos que estos hostales, por gracia del señor Atilio Machaca Gil, Juez del Primer Juzgado Contencioso Administrativo, reabren sus puertas y pueden seguir operando como si nada hubiera pasado.
Según la resolución emitida por este señor, la clausura definitiva de estos locales perjudicará la situación económica de los demandantes, así como de los trabajadores. ¿Qué criterios utilizó el señor Atilio para semejante sentencia? ¿Cuál es el sustento legal para decidir lo que decidió? Buscando en la resolución encuentro que las normas a las que apela la sentencia no hacen referencia ni mucho menos sustentan la decisión del juez, lo que me lleva a suponer que el señor Atilio emitió una resolución prevaricadora (en un proceso sumarísimo) sin ningún criterio legal.
Si el señor Atilio quería argumentos de verdad debió acogerse al Código Penal o a la Ley N° 28251 y demás convenciones internacionales sobre la explotación sexual infantil. Según esta norma, que no requiere de mucha inteligencia para entenderla, el cliente, los dueños así como los trabajadores de hostales, por el delito cometido, podrían ser condenados a 14 años de cárcel efectiva. Así de simple. Por otro lado, el reconocimiento expreso por parte de los dueños, de los delitos cometidos, hacen suponer que tanto ellos como sus trabajadores sabían lo que hacían.
Por eso, el criterio que utiliza el juez para favorecer a los propietarios de estos hostales resulta risible e insulta la inteligencia de los ciudadanos. El mensaje del juez es claro, el daño psicológico y físico (por demás irreparable) a la que son expuestas las adolescentes, es menos importante que la tranquilidad económica de los propietarios y trabajadores de los hostales.
El tema por supuesto generó mucha polémica. Un lunes, nos encontrábamos con mi colega de trabajo esperando turno para una entrevista en un canal local, cuando irrumpen tres individuos que se identificaron como representantes de la Asociación Civil de Organizaciones Populares de Loreto, interesados en querer dar su punto de vista sobre el caso de los hostales de Punchana. Dos de ellos pasaron a la cabina para ser entrevistados y uno se quedó afuera.
Con estupor e indignación escucho que estos señores no fueron a defender la integridad de las niñas y adolescentes. Ellos fueron a defender la «dignidad» de los hostales, argumentando que es falso que hayan ingresado menores de edad, que el gobierno defiende la libre empresa y que si los clausuran sus hijos se quedarían sin trabajo. Uno de ellos, intentando hacer un drama de la historia, sostuvo que su hijo estuvo a punto de suicidarse porque no tenía trabajo.
El individuo que se quedó afuera, ante un comentario nuestro por la tanda de sandeces que argumentaban sus compañeros, iracundo y prepotente, esputó toda la miseria moral que puede tener una persona. Para él, todos somos delincuentes y rateros, por lo tanto nadie puede tirar la primera piedra. Iquitos, vociferaba, está lleno de serranos traficantes, todas las autoridades -incluyendo la policía- son corruptas y ni siquiera la Iglesia Católica se salva. Para él, la corrupción social generalizada justificaba su propia corrupción.
Lo que nos interesa aquí es evidenciar los mensajes subliminales e implícitos que están detrás de estos discursos. Para ellos (en este caso los padres permisivos, el juez y la organización de base) no existe daño moral alguno. Primero están sus intereses y necesidades aun si esto perjudica al resto. Dentro de su lógica de acción, la sociedad está corrompida y por lo tanto tienen el derecho de actuar de la misma manera y nadie cuenta con autoridad moral para reclamarles.
Bajo este argumento, el hijo suicida (y posible cómplice), tiene preferencia frente a la dignidad de los menores de edad. Para que este hijo siga trabajando en los hostales no importa si las adolescentes se prostituyen. Este sacrificio es necesario para que el sistema, que promueven, siga funcionando. A este padre «atormentado», ni siquiera se le ocurre pensar que el intento de suicidio de su hijo es por el tipo en crianza que le proporcionó y que finalmente él, y sólo él, es responsable de sus trastornos.
El estudio «Situación de la aplicación de la Ley N° 28251, para el combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes» realizado el año 2006 por la Organización Internacional de Trabajo, arroja conclusiones preocupantes sobre Iquitos. Sostienen el documento que el mito de la mujer amazónica «calientita» está relacionado con la temprana iniciación sexual de las niñas (entre 11 y 12 años) y cuenta con la complicidad y permisividad social. Es decir lo anormal se ve como «normal» y por supuesto no se censura, ni se combate. Por otro lado existe la percepción del sexo como un mecanismo de intercambio de favores, por eso las niñas son alentadas por los padres a buscar personas adultas para obtener dinero a cambio de sexo.
Los argumentos que comparto y la miseria moral que expongo en los tres casos que les conté, debe llamar la atención de las autoridades y de los ciudadanos, sobre lo que viene pasando en el inconsciente de la sociedad iquiteña. Estos ejemplos pintan de cuerpo entero un lógica perversa (que estoy seguro no es generalizada) orientada a descomponer la sociedad para beneficio de pocos, pero con la complicidad de algunos y la permisividad de los que callan o miran a un costado, como el tremendo juez, que prefiere emitir una sentencia en contra de las niñas y adolescentes de nuestra sociedad.
Comunicador e investigador social
DNI N° 09640255
luisguet@hotmail.com (*)
Hola me interesa tremendamente el tema por que casi nadie en el pais y en el mundo se interesa, creo que dia dia vemos la expoltacion sexual a las niñas y en algunos caso a los niños, por parte de las personas adultas que lo usan solo para satisfacer sus necesidades y eso como personas que luchamos por la dignidad de las niñas y niños nos golpea como algo cada vez mas fuerte.
Por favor pido que me puedan facilitar materiales dec este tema para poder apoyar mas en mi region y provincia en la prevencion y migracion temprana de niñas a las ciudades.
Atentamente Rolando Willems Delanoy Educador de NATs, T.H. TIDs.
Andahuaylas.