Por: Jorge Linares
La madrugada del 27 de abril fue distinta para la comunidad nativa Achuar de Providencia. Ya no se escuchó el ritual natural de la sinfonía de los insectos, pájaros y aves de corral, con un espectáculo visual de una densa neblina. Todo esto fue cambiado abruptamente por el grito de desesperación e incertidumbre de la población: mujeres y niños corrían despavoridos, sin rumbo, en busca de protección del gas lacrimógeno que habían empezado a lanzar los efectivos de la policía nacional, acompañados de miembros de la Marina de Guerra del Perú. La misión era rescatar a los rehenes y a las embarcaciones fluviales que estaban retenidas por un grupo de lugareños que buscaban y deseaban ser escuchados por las autoridades.
Es necesario recordar que el territorio de Loreto es un lugar bendecido, pero a la vez condenado. Hemos gozado de la prosperidad controversial del caucho y, por supuesto, del petróleo. Ya van más de 50 años desde que se encontró el oro negro en Trompeteros y Pavayacu, entre las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. La celebración y alegría fueron nacionales, y estamos seguros que se han beneficiado algunos sectores minoritarios en la ciudad de Iquitos y en Lima, pero esa misma suerte no la han tenido los oriundos de los lugares de donde se extrae este recurso. Solo basta recorrer Nuevo Andoas, Los Jardines, Titiyacu, Providencia, entre otros. Estas personas están invisibilizadas por Iquitos y Lima: no cuentan con servicios básicos de agua potable, desagüe, electrificación, centros de salud en buenas condiciones, personal médico, colegios, profesores, veredas, pistas y, en estos tiempos, acceso a la tecnología.
Cinco décadas de contradicciones que hasta ahora no aprendemos y menos nos ponemos de acuerdo. La incógnita es: ¿cuántas más vidas inocentes necesitamos para darnos cuenta en qué estamos fallando? Acabamos de ver la muerte de un padre, esposo e hijo policía; su compañero quedó malherido y hay tres desaparecidos de la comunidad de Providencia. No hay palabras para aliviar el dolor de estas familias.
Tanto el secuestro como el impedimento del libre tránsito son delitos graves, condenados enérgicamente por las leyes del Estado. Bajo esta tipificación, se reprueba y rechaza la retención de las personas y embarcaciones fluviales en la comunidad nativa de Providencia que se encuentra a orillas del río Corrientes. El apu de esta comunidad, Manuel Peraza Sandi, nos dice que adoptó esta medida porque ya estaban cansados de tanto olvido y engaño por parte de todas las autoridades locales, provinciales, de la región y, por supuesto, de Lima. Pero este reclamo no es solo de esta comunidad, es de casi la gran mayoría de comunidades y territorios olvidados por el indolente Estado en todas sus instancias.
Muestra de este olvido es que ni los medios de prensa nacionales abordan este sufrimiento de las familias afectadas e involucradas en este conflicto. Como no es Lima, no es de interés. Así sucedió con los diferentes derrames de petróleo o con mujeres a las que enjaulan en nuestro territorio. Pasaron más de diez días para que las autoridades de Iquitos reaccionaran.
Dentro de este río revuelto apareció el «paladín de la justicia», el congresista Jorge Morante, para exhortar al general de la IV Macro Región Policial y al comandante de la V Zona Naval a que rescaten a las personas y las barcazas. Para muchos iquiteños, esta visita del Sr. Morante deja muchas dudas por su pasado accionar en un supuesto lobby con el alcalde del Putumayo, lo cual fue noticia nacional. La pregunta es: ¿qué intereses han movido al congresista para realizar estas visitas a los oficiales de la Policía y de la Marina? Y la sorpresa que vamos encontrando es que una de las empresas que brindan el servicio de transporte y que están retenidas en Providencia tiene como dirección domiciliaria la casa del líder indígena José Fachín, quien se hace denominar protector de los indígenas y quien busca ser gobernador regional por el partido político de Alfonso López Chau.
Pues este lío ha escalado a niveles dolorosos y viene evidenciando qué mal están las cosas en la región Loreto. Las petroleras no solo extraen el crudo, sino que han generado una septicemia a todo nivel, como son los contratos con líderes indígenas bajo la mesa, funcionarios públicos que se benefician con regalías, medios de prensa que venden su silencio ante los derrames de petróleo, y todo esto ante la mirada de los organismos que deben proteger a los originarios, como es el caso de una prefectura raquítica y acéfala, con un desconocimiento general de la realidad amazónica.
