¿Lo mismo da?

Siempre es algo incierto, denunciar o no en casos de violencia sexual. Primero si no tienen las pruebas suficientes podría ser una pérdida de tiempo y hasta generar posibles burlas. Segundo si se brindan las evidencias y pruebas necesarias se hará justicia.
Aunque lo que vemos a lo largo de varios años donde las mujeres y también hombres violentados sexualmente busca justicia y mediante ella sanar heridas emocionales y quizás físicas de este tipo de agresiones criminales en caso requiera atención médica, es que al fin y al cabo ante cualquier resultado sí valió el sacrifico de hacerlo.
Lo más penoso es cuando se trata de menores de edad, que como sabemos son vulnerables al mayor daño cuando sufren violencia sexual, y antes se pensaba que solamente lo cometían personas sin educación, casi salvajes con conductas violentas.
La realidad nos muestra que no hay nivel académico para determinar el convertirse o no en un delincuente de agresión sexual, ni nivel social, menos económico. Los últimos casos uno internacional con el cantante Julio Iglesias que desde hace décadas había rumores de supuestas aventuras sexuales que él mismo parece los deslizaba, aunque no se podía advertir que algunas pudieran haber sido forzadas de acuerdo a las últimas denuncias.
Otro caso impensable es de los futbolistas, y uno reciente en nuestra región presuntamente perpetrada por los dos policías de la comisaría de Nauta, a quienes les correspondía dar protección a una adolescente indígena de 16 años probable víctima de trata de personas, la habrían violado sin compasión.
Y podríamos hacer una larga lista de denuncias como de la hija de la cantante Alejandra Guzmán contra su abuelo materno por presuntos tocamientos indebidos y hasta sospechas de violación. Es como para salir de una película de terror donde los agresores no se han detenido a pensar en las consecuencias para las víctimas de sus graves actos, para ellos mismos, además para sus familiares madres, padres, esposas, hijos, y la sociedad una vez más mancillada. Nada más queda exigir se aplique la ley. Y que las víctimas encuentren una terapia especializada de recuperación bajo responsabilidad del Estado.