Defensoría del Pueblo exige máxima celeridad en investigaciones por presunta violencia sexual contra adolescente en dependencia policial de Nauta

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto exigió una actuación célere, de parte de las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional, tras revelarse el caso de presunta violencia sexual cometido contra una adolescente de 16 años al interior de una dependencia policial ubicada en el distrito de Nauta.
La sede defensorial se pronunció así tras informar los resultados de la intervención iniciada para garantizar la protección de los derechos de la víctima, el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones.
En ese sentido, informó que se está realizando el seguimiento a las actuaciones del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Nauta, la Fiscalía Penal Corporativa de Loreto Nauta, el Juzgado Mixto de Nauta, el Centro de Salud de Nauta y otras instituciones del sistema de justicia para garantizar una respuesta integral y oportuna. Además, viene acompañando a la adolescente durante todo el proceso a fin de evitar que sea víctima de situaciones que la puedan revictimizar.
Al respecto, el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, precisó que hasta el momento se ha podido identificar distintas deficiencias, como la falta de un Oficial designado en la Oficina de Disciplina, en la Inspectoría Descentralizada de la Región Policial Loreto, que disponga el acto administrativo de inicio de investigaciones disciplinarias y aplicar medidas cautelares inmediatas de tipo administrativo contra los efectivos presuntamente involucrados.
Asimismo, que se habría omitido informar al fiscal de Familia sobre la presencia de una menor de edad en la dependencia policial. El representante de la Defensoría del Pueblo informó también que, a raíz de este execrable caso, ha requerido la implementación de protocolos de atención especializados en niñez y adolescencia en todas las dependencias policiales de la región Loreto y la designación inmediata del oficial responsable de la Oficina de Disciplina Policial, para la atención oportuna de casos que involucren a policías en faltas disciplinarias.
De otro lado, ha solicitado que se mejore la coordinación entre las instituciones inmersas en el ámbito penal, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, para garantizar la protección integral de víctimas de violencia sexual. Finalmente, remarcó que la Defensoría del Pueblo continuará supervisando el caso para garantizar que se respeten los derechos de la adolescente, su acceso a la justicia y que se aplique el principio del interés superior del niño en todas las decisiones que se adopten.