- Presidente de Aidecobap asegura que las denuncias buscan silenciar las demandas de las comunidades del lote 95.
El presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), James Pérez, denunció públicamente una presunta persecución judicial en su contra y contra otros representantes indígenas, luego de las querellas presentadas por la empresa PetroTal por el presunto delito de difamación.
Según explicó el dirigente, las denuncias estarían relacionadas con una conferencia de prensa realizada en el año 2022 en las instalaciones de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), donde se abordó la situación de las comunidades vinculadas al lote 95 y los hechos ocurridos durante las protestas registradas en el año 2020.
Pérez señaló que tanto él como el asesor indígena José Fachín y el abogado Jorge Tacuri fueron incluidos en las querellas presentadas por la empresa. De acuerdo con su versión, durante aquella conferencia se expusieron hechos relacionados con los enfrentamientos ocurridos en Bretaña, que dejaron personas fallecidas y varios heridos.
El dirigente sostuvo que las declaraciones realizadas en ese momento estuvieron basadas en acontecimientos que forman parte de investigaciones fiscales y judiciales en curso. Asimismo, indicó que la defensa legal viene presentando documentación, testimonios y otros elementos que consideran relevantes para sustentar su posición dentro del proceso.
Durante la entrevista, Pérez también afirmó haber recibido amenazas en diferentes momentos vinculados a los conflictos sociales registrados en la zona de influencia del lote petrolero. Según manifestó, estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes y forman parte de las denuncias que vienen siendo investigadas.
El líder indígena aseguró que las organizaciones de las cuencas afectadas continúan demandando una mayor participación en las decisiones relacionadas con las actividades extractivas y cuestionó la aprobación de modificaciones vinculadas a operaciones petroleras sin procesos de consulta que, según afirma, consideran necesarios para las comunidades.
Asimismo, señaló que las denuncias judiciales se producen en un contexto de constantes reclamos por temas ambientales, sociales y económicos, vinculados a la distribución de beneficios derivados de la actividad petrolera y a los impactos generados en los territorios indígenas.
Mientras el proceso continúa en el Poder Judicial, Pérez afirmó que mantendrá la defensa de los derechos de las comunidades que representa y expresó su confianza en que las autoridades resolverán el caso en función de las pruebas presentadas por ambas partes y conforme a la legislación vigente.
(K. Rodriguez)
