Cuando el Estado tiene necesidad de adquirir equis provisión, debe hacerlo a través de una licitación pública, la que no debe establecer barrera alguna y siempre deberá apuntar a un máximo de eficiencia económica, buscando el mejor precio, sin poner de lado la mejor calidad de lo que se desea adquirir.
Es elemental, también, que en todo el proceso de la licitación se ofrezca el máximo de información sobre la convocatoria en todos sus aspectos, accesible al público en general. Pero lo más importante será que quienes tengan a su cargo el final del proceso, sean personas de intachable moral, que no se presten a jugarretas propias de personas acostumbradas a pasar billetes debajo de la mesa, conociendo que del otro lado habrá una mano lista a recibirlos. En simples palabras, deberá haber moralidad administrativa.
En lo referente a la publicidad con la que debe contar una convocatoria a licitación pública, ésta deberá estar al alcance tanto de los eventuales participantes como para el público en general y lo decimos así porque muchas veces las convocatorias solo se hicieron (y se hacen) a través de páginas web, adonde el grueso del público no tiene acceso.
Esa gran difusión de la convocatoria hará que haya más competencia y, más empresas participantes. No difundirla hará que la participación de los posibles interesados sea restringida a unos cuantos, o a uno, como se dio en más de una oportunidad.
Es importante en sumo grado que todos los participantes sean tratados con uniformidad, que las reglas de juego sean comunes para todos
Aquí, en Loreto, frecuentes son los casos donde alguien pasa datos que se consideran confidenciales, perjudicando a alguien que ha considerado un menor monto en el precio de la adquisición. O sea, la moralidad administrativa que debe ser responsable de todo proceso de licitación desaparece, porque así lo quiso alguien.
