- Un nuevo caso reabre el debate sobre las decisiones judiciales frente al narcotráfico en el Perú.
Una intervención policial contra el presunto microcomercio de drogas terminó abriendo un nuevo debate sobre la respuesta del sistema de justicia frente a este tipo de delitos. En Iquitos, un hombre de 48 años, detenido con más de un kilo de presunta marihuana en su poder y otras cantidades halladas durante el registro de su vivienda, recuperó su libertad luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido fiscal de prisión preventiva. La Fiscalía, sin embargo, anunció que apelará la decisión.
El investigado, identificado como Elvis Amasifuén Vásquez, fue intervenido por agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna Iquitos, con participación de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Loreto, en un inmueble ubicado en el pasaje Uno, manzana B, lote 10, del asentamiento humano Guiulfo, sector Versalles, distrito de Punchana.
Durante la intervención se le habría encontrado aproximadamente un kilogramo de presunta marihuana. Posteriormente, el registro domiciliario permitió hallar una mayor cantidad de la misma sustancia, además de una balanza digital que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizada para el pesaje y la dosificación de la droga. Asimismo, se informó que el intervenido registra antecedentes policiales por un delito similar.
Pese a estos elementos, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, a cargo del magistrado Jairo Salazar Angulo, declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva y dispuso la libertad del investigado bajo determinadas reglas de conducta.
Entre los argumentos considerados para adoptar esta decisión figuran el arraigo domiciliario, familiar y laboral del imputado. En este último aspecto, se tomó en cuenta que se desempeñaría como mototaxista, mientras que en el ámbito familiar se valoró que tendría esposa e hijos.
La resolución ha generado cuestionamientos, especialmente por la necesidad de que los criterios utilizados para evaluar el arraigo y el peligro procesal sean suficientemente sólidos y estén respaldados por elementos objetivos. La discusión también gira en torno a cómo se ponderan las circunstancias del caso cuando los presuntos elementos vinculados a la actividad ilícita son encontrados en el propio domicilio del investigado.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no es exclusiva de Loreto. En distintas regiones del país, las decisiones sobre prisión preventiva y comparecencia generan controversia y reabren el debate sobre la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad.
La prisión preventiva no constituye una condena anticipada ni debe aplicarse automáticamente por la gravedad de una imputación. Sin embargo, cuando existen elementos de convicción, corresponde que cada decisión sea producto de una evaluación rigurosa, motivada y coherente con los riesgos procesales acreditados.
El desafío del sistema judicial peruano es encontrar un equilibrio entre el respeto irrestricto al debido proceso y la necesidad de evitar que investigaciones por delitos graves pierdan eficacia por decisiones que posteriormente puedan ser cuestionadas.
La Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Loreto anunció que apelará la resolución dentro del plazo de ley. Su pretensión es que la instancia superior revise los fundamentos de la decisión y disponga nueve meses de prisión preventiva para el investigado.
Ahora será la Sala Penal correspondiente la que deberá evaluar los argumentos de ambas partes y determinar si corresponde mantener o modificar lo resuelto.
La pregunta de fondo sigue vigente: ¿está respondiendo el sistema de justicia peruano con la firmeza, proporcionalidad y rigor que exige la lucha contra el narcotráfico, sin dejar de garantizar los derechos de toda persona investigada? (C. Ampuero)
