- Tras vencer su prisión preventiva en Iquitos
Carlos Alberto Boza Insapillo, de 25 años, es investigado por su presunta vinculación con “Los Sicarios de Gabriel”, organización criminal relacionada con varios homicidios registrados en Loreto. Su liberación reabre el debate sobre los plazos de la justicia y el avance de los procesos penales.
Carlos Alberto Boza Insapillo (25), conocido como alias “Cachetón”, recuperó su libertad luego de que venciera el plazo de prisión preventiva que cumplía en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Iquitos. Según la información difundida, no se consiguió una ampliación de esta medida antes de su vencimiento.
El joven es señalado como presunto integrante de la organización criminal “Los Sicarios de Gabriel”, a la que se vincula con hechos violentos ocurridos entre 2023 y 2024 en los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista. A esta agrupación se le atribuyen al menos 14 homicidios por encargo, entre cuyas víctimas figuran un abogado, un futbolista local y un DJ conocido en la ciudad.
La salida del investigado del penal se produce en medio de cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones y la actuación de las instituciones responsables de llevar los casos ante la justicia. Sin embargo, es importante precisar que el vencimiento de la prisión preventiva no equivale a una declaración de inocencia ni determina, por sí solo, la responsabilidad penal del investigado.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que el Ministerio Público impulse oportunamente las investigaciones y que el Poder Judicial resuelva conforme a ley, respetando tanto los derechos de los investigados como el derecho de la población a vivir en seguridad.
Ante este escenario, también resulta importante que la Policía Nacional actúe dentro de sus competencias y mantenga las labores de prevención e investigación que correspondan, bajo la conducción legal pertinente.
La principal interrogante es qué avances registra el proceso y qué medidas legales corresponden ahora. La ciudadanía espera respuestas claras de las autoridades sobre el estado de la investigación y las acciones que se adoptarán para evitar que los casos de violencia queden sin una respuesta judicial.
(C. Ampuero)
