Ley que sanciona faltas ortográficas en la redacción de medios de comunicación quedaría archivada

Parlamentario loretano firmó descabellado proyecto

*En pocas horas le llovieron las críticas.

Al parecer, a algunos parlamentarios les sobra el tiempo en el Congreso y se ponen a hilvanar proyectos absurdos, en vez de aterrizar en proyectos ley que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. Lamentablemente el proyecto de ley que pasaremos a narrar, contó con la firma del congresista Norman Lewis, cuyo verbo no es precisamente el mejor, por lo que pocas veces es entrevistado en el Parlamento.

“Proyecto de Ley que sanciona las faltas ortográficas en la redacción de los diarios, semanarios y revistas” se denominó el por ahora, frustrado proyecto. El proyecto pedía facultades para que INDECOPI asuma las funciones de la ortografía de las publicaciones efectuadas por el daño que causan a la cultura con los errores ortográficos. ¿Se imaginan a los trabajadores de Indecopi, leyendo y releyendo todas las publicaciones a nivel nacional?

Además, el proyecto amenazaba para quienes fallen en la redacción de publicaciones, se hagan acreedores a suculentas multas, las mismas que deben ser abonadas por la empresa editora, propietario del negocio o imprenta, autor o periodista en forma personal o solidaria. En el fondo un proyecto que quiere parametrar la libertad de expresión, lo que no se puede aceptar.

Dicho proyecto “sin pies ni cabeza”, así como está habría generado miles de soles por las multas que le impondría Indecopi, ya que en la exposición de sus motivos, los responsables de la redacción cometen errores realmente garrafales en la sintaxis. Dicen: “opiniones vertidas y constituyen una de los principales fuentes de información…”. Luego: “Los medios periodísticos ejercer una influencia directa…”. “Dentro de las obligaciones de las editoras e imprentas, esta (debería decir está- con acento) el de contribuir a la cultura…”. Y así, etc. etc.

Frustrado y absurdo proyecto que fue firmado por Marco Falconí Picardo, Mariano Portugal, Taít Villacorta y el parlamentario loretano Norman Lewis, a quien cuando se le entrevista realmente hay que hacer esfuerzos “sobre humanos” para poder transcribir y entender las opiniones que quiere brindar.

En otro de los sustentos que plasman, se lee: “Indecopi es un organismo público especializado del Estado adscrito a la PCM con personería jurídica de derecho público y dentro de sus funciones ha cumplido ya con multar a las editoriales por la publicación de libros con datos erróneos y con reiteradas faltas ortográficas, por lo que las funciones que se le están asignando ya fueron ejecutadas por esta entidad”.

Y sobre ese punto lo único que se conoce a nivel nacional, es cuando Indecopi multó a cinco editoriales, pero fue por haber ofrecido beneficios a varios colegios a cambio de que les compren sus libros. Además, los ocasionales lectores que se plantan en los kioskos u otros estantes para observar publicaciones, ¿se van a indignar tanto como para darse el trabajo de ir hasta Indecopi a poner denuncias? No lo creemos.

Y finalmente, bastante exagerados los congresistas ya que comparan el monto de las multas a imponerse con las que se ponen a un conductor por manejar ebrio o por hablar por teléfono. Lo bueno ha sido conocer, que luego de la “chilla” en los medios de comunicación nacional, los responsables del proyecto de ley ya habrían desistido de impulsar ese documento.