- Señala Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
Ayer en la mañana hubo una reunión en el auditorio descentralizado del ministerio de transportes, donde Provías informó sobre la paralización del segundo tramo del Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil reforzado para la construcción y mejoramiento de la carretera Nor-Oriental Iquitos-Saramiriza, contrato 042-2018 MTC/21.
Se dijo claramente que las comunidades nativas asentadas por la zona que se desplaza el estudio, se oponían al mismo. Mostraron una especie de cronograma de las oposiciones en donde se vio que, mediante carta del 8 de marzo 2021, enviada por el Consorcio Saramiriza (que hace el estudio de pre inversión) para una reunión; la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) le responde que rechaza el desarrollo y avance del estudio.
Para conocer un poco más sobre el tema, se buscó a Jorge Pérez, presidente de ORPIO que siempre articula con el resto de federaciones indígenas y su problemática.
“Nosotros como organización regional hemos hecho un estudio que en su momento vamos a presentar a la sociedad civil y a las autoridades. Este indica que el estudio eco sistémico, económico y ambiental arroja que toda esa zona que se ha trazado para la construcción de la carretera es altamente vulnerable.
Por eso las comunidades indígenas de todas las zonas no están de acuerdo con la carretera. Hay que poner en claro que una carretera es buena, pero en el Perú hay una mala cultura de convertir una carretera en una vía en la que se aumenta el tráfico de actividades ilícitas. Eso pasó en la carretera interoceánica en Madre de Dios.
Hacer una carretera en Europa o Estados Unidos, todo el mundo aplaude porque todos los derechos que están en ambos márgenes están garantizados con buena supervisión, monitoreo, todo está al día. Son carreteras que protegen el medio ambiente, ciudades sostenibles.
Pero acá no. Acá son para impulsar la tala ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, invasión a los territorios de los pueblos indígenas sobornando a líderes. Todo será un cóctel de conflictos. Si el Estado garantiza que la apertura de una carretera no va a ocasionar conflictos y no va a trastocar derechos; bienvenido sea. Pero el Estado no nos garantiza nada” declara Pérez Rubio.
Provías y el Consorcio Saramiriza señalan que los han invitado a reuniones, pero no aceptan ir ¿es así?
-Hemos conversado con la empresa, con el consorcio. Les hemos dicho que tiene que haber una conversación sobre cómo se va a hacer y cuáles serán las contingencias frente a todos los riesgos y peligros que implican abrir una carretera en medio de la selva.
Así sea el estudio de pre inversión tiene que haber una apertura y conversación con las comunidades. Hay que tener en cuenta también que hay muchas comunidades que no están tituladas, entonces hay derechos que no están atendidos y con la carretera eso va a implicar que dichos territorios no titulados, pueden ser invadidos por personas foráneas.
El Estado y el mismo gobierno regional debe garantizar que no va a ocurrir eso, es necesario conocer cosas puntuales que hasta la fecha no las dicen. Y, además, no han llamado desde el gobierno regional a una reunión con las comunidades, la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas.
