“El territorio de los pueblos indígenas está siendo amenazado por la reactivación económica. Y este tema es muy importante, porque las comunidades están pidiendo su titulación o ampliación con la finalidad de desarrollar actividades de subsistencia. Porque nosotros también tratamos de reactivar nuestra economía, pero sosteniblemente”, explica Jorge Pérez, presidente de Orpio.
En Loreto viven 32 pueblos indígenas u originarios, distribuidos en 1207 comunidades reconocidas hasta la fecha. Estas comunidades han sido fuertemente golpeadas por la pandemia del COVID-19, que ha afectado tanto la salud de sus poblaciones, como su economía. En este contexto, las organizaciones indígenas advierten que es vital que los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía del país incluyan a las comunidades indígenas.
Asimismo, ninguna inversión o proyecto debería darse si vulnera derechos colectivos de los pueblos indígenas, recalca Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), con quien conversamos para conocer sus expectativas y los retos que identifica en marco a la reactivación económica y la situación de los pueblos indígenas en este proceso.
Antes de la llegada de la pandemia ¿cuáles eran las principales actividades económicas de las comunidades nativas?
La economía de las comunidades estaba basada principalmente en la agricultura y comercio a pequeña escala, es decir, en los productos agrícolas que sacan a los mercados de abasto más cercanos. Pero, también, estaba relacionada con la pesca, con la caza y algunos productos forestales, como las lianas y las plantas medicinales. Con estas actividades generaban ingresos las comunidades y familias.
Entendemos que muchas de estas actividades se deben haber visto paralizadas durante la cuarentena ¿cómo ha afectado el desarrollo económico de las comunidades todo este contexto de pandemia?
El cambio ha sido brusco, dado que los mercados están en estos momentos cerrados, en el término de que por ejemplo no hay mucha demanda.
Además, los hermanos indígenas han quedado con las secuelas del virus. Entonces, los que han sobrevivido tienen dolencias musculares y pulmonares, de tal manera, que la fuerza de trabajo ha disminuido. Por ello, es que nosotros hemos insistido en que debe haber una forma en que el Estado haga llegar alimentos y ayuda, no por un tiempo prolongado, sino hasta que los hermanos estén recuperados.
El Gobierno ha emprendido un proceso de reactivación económica ¿considera que están incluidas las comunidades nativas en este? ¿qué debería hacer el Gobierno para incluirlos?
La reactivación económica se tiene que dar, porque las comunidades indígenas, en este contexto globalizado, tienen sus economías articuladas con el mercado. Pero, lo que no se debe hacer es vulnerar los derechos colectivos en marco a esta reactivación, principalmente los derechos territoriales.
Como Orpio estamos en línea con la propuesta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Porque, el involucramiento de los pueblos indígenas en este proceso de reactivación económica es distinto al involucramiento de las poblaciones de las zonas urbanas. Esto, debido a que en las comunidades la economía depende de los emprendimientos comunales o tradicionales.
Estos emprendimientos deben ser financiados por el Estado. Hay muchas iniciativas, muchos emprendimientos que tienen que ver con artesanías, con la transformación de productos forestales, con piscicultura, con ecoturismo, etc. Y lo que el Gobierno debe hacer es inyectar inversión y capacitación técnica para que estos emprendimientos de las comunidades indígenas puedan salir adelante.
Mencionaba que la reactivación económica es necesaria, pero que no se deben vulnerar derechos en este proceso ¿considera que se están vulnerando o que se pueden llegar a vulnerar los derechos de las comunidades en el desarrollo de proyectos enmarcados en la reactivación económica?
Nosotros tenemos claro que es buena la reactivación económica, siempre y cuando se respeten los derechos colectivos de las comunidades indígenas. En esta línea, nosotros estamos cuestionando y estamos diciendo al Gobierno Regional de Loreto (Gorel) que no se otorguen concesiones forestales en aquellos sitios o territorios solicitados por pueblos indígenas para su reconocimiento y titulación. Porque, en este momento son 22 comunidades, la mayoría del Napo, que han pedido su reconocimiento y titulación, y no pueden avanzar porque el Gorel está dando prioridad a los Bosques de Producción Permanente (BPP), para que sean concesionados en el marco de la reactivación económica.
Entonces, ese tipo de casos no deberían darse, no debería darse nada que afecte derechos territoriales. Sin embargo, los territorios que están siendo solicitados para reserva territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, también peligran en marco a la reactivación económica.
El territorio de los pueblos indígenas está siendo amenazado por la reactivación económica. Y este tema es muy importante, porque las comunidades están pidiendo su titulación o están pidiendo su ampliación con la finalidad de que puedan desarrollar dentro de su territorio actividades de bienestar o de subsistencia, tal como el manejo de productos forestales o manejo de los productos acuícolas. Porque nosotros también tratamos de reactivar nuestra economía, pero sosteniblemente.
Por ello, es que es estamos pidiendo al Gorel que puedan redimensionar o que puedan anular esos BPP que se superponen a las solicitudes de ampliación o titulación de las comunidades.
¿Qué retos identifica en marco a que las comunidades nativas puedan beneficiarse de este proceso de reactivación económica?
El reto que el Estado, tanto desde el Gobierno regional como desde el Gobierno nacional, es que estos puedan implementar planes viables y que puedan recoger los emprendimientos de las comunidades, los puedan financiar y les den asistencia técnica. Pero, apuntando a que estas iniciativas sean sostenibles y no ayudarles al inicio para luego abandonarlos sin todo lo que se requiere.
Asimismo, debemos cuidar que las inversiones que se den en nombre de la reactivación económica no vulneren derechos, que no excluya a las mujeres ni a los niños y que no vulneren derechos territoriales, porque el territorio es lo único que les queda a los pueblos indígenas en medio de toda esta situación tan complicada originada por el coronavirus.
