La puerta giratoria de la política

La declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sobre los alcaldes en funciones que pretenden postular como regidores deja más preguntas que respuestas. El JNE dice que no existe una prohibición expresa para impedir estas candidaturas y, por tanto, no puede restringirse el derecho de participación política. Jurídicamente podrá ser defendible. Políticamente, sin embargo, abre una puerta que puede terminar convirtiéndose en una verdadera trampa para el elector.
Porque aquí no estamos hablando simplemente de un alcalde que quiere ser regidor. Estamos hablando de autoridades que ya ocupan una alcaldía y que ahora buscan incorporarse a una lista de regidores, incluso en el primer lugar, mientras el propio JNE reconoce que todavía no ha decidido si, en determinadas circunstancias, podrían terminar ejerciendo nuevamente la alcaldía. ¿No debería resolverse esa pregunta antes de que los ciudadanos acudan a las urnas?
La situación resulta particularmente delicada porque puede generar una figura que la ciudadanía perciba como una reelección por la puerta de atrás. No se trata de acusar a nadie de intentar burlar la ley. Se trata de preguntarnos si las normas electorales están siendo interpretadas para garantizar el espíritu de la legislación o simplemente su literalidad. Porque si un alcalde no puede postular directamente para continuar en el cargo, sería legítimo preguntarse si puede hacerlo indirectamente, ocupando el primer lugar de una lista de regidores y esperando que las circunstancias posteriores le permitan regresar al sillón municipal.
El propio Burneo ha sido claro: el JNE ya resolvió que pueden postular como regidores, pero “otra historia es que pueda ejercer o no como alcalde”. Y precisamente esa “otra historia” es la que no puede quedar para después. El elector tiene derecho a saber qué está eligiendo. No es aceptable que vote por una lista sin conocer si el candidato que aparece como regidor número uno podría terminar convirtiéndose nuevamente en alcalde por una circunstancia posterior.
Más aún cuando el propio presidente del JNE habla de aproximadamente 51 casos a nivel nacional. No estamos, entonces, frente a una excepción anecdótica. Es un asunto que puede tener consecuencias políticas concretas en distintos municipios del país. El máximo organismo electoral debe actuar con la misma claridad que exige a candidatos y ciudadanos. Si existe un vacío legal, corresponde interpretarlo con transparencia y, si fuera necesario, promover que el Congreso lo cierre. Lo que no puede ocurrir es que las reglas se terminen conociendo después de la elección.
En Loreto conocemos demasiado bien lo que significa vivir con instituciones cuestionadas y decisiones que generan desconfianza. Por eso, el JNE debe entender que la legalidad no siempre basta para construir legitimidad. El voto ciudadano merece certezas, no zonas grises. Los alcaldes tienen derecho a participar, sí; pero los electores también tienen derecho a saber si detrás de una candidatura a regidor puede esconderse la posibilidad de volver a ocupar la alcaldía. La democracia no puede tener puertas traseras.