- Manifestó el decano del Colegio de Abogados de Loreto Martín Tuesta Gómez.
El decano se pronunció a raíz de la última decisión del fiscal de la Nación, quien de manera inoportuna el día 31 de diciembre, al final del año, separó a los fiscales del caso Lava Jato, lo que de inmediato generó reacción entre la población.
“Una afrenta a la lucha contra la corrupción y de ahí la necesidad del poder ejecutivo de presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia el ministerio público. En particular nosotros estamos de acuerdo con el proyecto y esperamos que el congreso le dé la prioridad del caso y se debata rápidamente y así el ministerio público ingrese a un proceso de reorganización.
La movilización del Frente Patriótico estuvo muy bien porque es una réplica de lo ocurrido en el país donde la población no puede estar inerte o pasiva ante esa actitud ofensiva y abusiva del fiscal de la nación.
Luego ya se conoce que los dos fiscales que nombró Chávarry como reemplazo de los dos fiscales principales, no aceptaron la designación por lo que el fiscal de la nación se ha quedado solo. Él solo se ha “metido un tiro de gracia” y está facilitando su salida de la fiscalía de la nación.
Desde su elección aquel 20 de julio de 2018 se ha ido agudizando la crisis en el ministerio público y eso no se puede permitir. Hay un conflicto interno y un peligro de grave riesgo en los casos importantes como “lava jato”. Está generando problemas al sistema de justicia y eso perjudica los intereses del país y a la lucha contra la corrupción”, opinó el decano.
¿Qué opina sobre la denominación del año 2019 como el año de la No violencia contra la mujer y la erradicación del feminicidio?
-Me parece muy bien. Pero más que el nombre hay que trabajar en medidas concretas para que realmente se den mayores garantías a las mujeres, una mayor protección. Hay muchas normas buenas, pero lamentablemente no se implementan porque no se cuenta con los recursos necesarios.
En ese sentido necesitamos de mayor apoyo de parte del gobierno para que asigne mayor presupuesto y así mejorar en infraestructura necesaria, en personal para que puedan trabajar y disminuir esos actos de violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y cuanta persona sea violentada.
