La independencia del Poder Judicial vista desde el derecho internacional

  • Estricta defensa de la independencia judicial por la Presidenta del Poder Judicial es respaldada por la Corte Superior de Justicia de Loreto


El respeto irrestricto de la independencia del Poder Judicial y por ende de jueces y juezas vuelve a ser materia de necesaria defensa, toda vez que desde los predios del Legislativo se alzan voces amenazantes contra estos e inclusive contra la Presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios Alvarado, por las sentencias expedidas respecto a la SUNEDU y la elección del Defensor del Pueblo, a lo que se suman las interesadas voces de personajes y medios de comunicación afines a corrientes de pensamiento ultra conservador.
Por ello, resulta pertinente remarcar, siguiendo lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1], que la independencia del Poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte por el reconocimiento normativo de su independencia y la no injerencia de otros poderes. Es obvio que esta garantía no solo debe estar plasmada en el sistema jurídico, sino que debe manifestarse en la práctica.
A lo anterior es de agregar que el principio de independencia del Poder judicial ha sido reconocido como “costumbre internacional y principio general de derecho”[2] y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales[3], todo lo cual pone en evidencia su trascendental importancia.
Y es que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que orille a las personas a no recurrir a la los tribunales. De manera concisa, la independencia es esencial para el ejercicio de la función judicial.
Debemos precisar, recogiendo los postulados del Derecho Internacional que las juezas y los jueces fungen en un sistema democrático como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Estado en general, así como impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por actos de particulares que puedan afectar los derechos de las personas.
En otras palabras, el Poder Judicial se erige como garante último de la democracia, del pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, siendo este el norte que subyace en las sentencias que se dictan respecto de los actos de los otros poderes del Estado, que cabe agregar no son autárquicos, ya que todos, absolutamente todos están sujetos a los Tratados, a la Constitución y la ley.
En ese sentido, en un Estado de Derecho no cabe ni puede tolerarse que se menoscabe la independencia del Poder Judicial, ni que se quiebren las reglas de la vida democrática del país.
Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Loreto respalda la posición y gestión de la señora Presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios Alvarado, cuyo pilar es la defensa estricta de la independencia judicial, tal y como lo manifestó recientemente la máxima autoridad: “Nuestro deber (como jueces y juezas) es honrar nuestro compromiso de garantizar siempre la independencia judicial, las libertades públicas y los derechos fundamentales de todos los peruanos”.

___________________

[1] Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44 5 diciembre 2013. Original: Español.
[2] bídem.
[3] La importancia de un poder judicial independiente ha sido expresamente reconocida en los siguientes instrumentos internacionales y regionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 10); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14); Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (Párrafo 27); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.1); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículo 6.1); y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Artículo 7.1). Asimismo, algunos otros tratados internacionales más específicos que también refieren disposiciones relativas a la independencia e imparcialidad de los tribunales son: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Artículo 18.1); Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 11.3); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (Artículo 75.4) y Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) (Artículo 6.2).