“En la ciudad de San Lorenzo, ayer se reunieron los alcaldes que integran el directorio de la junta de administración del Plan de Cierre de Brechas (PCB), cuyos valores presupuestales y de constitución del directorio que se crearon por mandato de la Ley 31538 y su reglamento (DS 016-2023-EF)”, con este inicio se presenta la nueva entrega de Prospectiva Amazónica, que dirige el economista e investigador loretano, Roger Grández Rios, donde nos da otra mirada del fideicomiso indígena.
“La reunión de alcaldes lleva en agenda un objetivo: solicitar al banco de la nación (que administra el fondo del PCB de S/5 mil millones actualizados) un apalancamiento o adelantar fondos para inversiones en sus cuatro años de gestión municipal (2023-26) que serán usados para el cierre de brechas en sus respectivas jurisdicciones, coincidiendo con la propuesta original del PCB cuyo monto estimado fue de S/6 mil millones para ser ejecutados de 2021-26.
Los S/200 millones anuales que ya se distribuyeron ellos mismos en este 2023 (primer año de transferencias), cuyo valor es similar para los próximos años hasta alcanzar el monto total en 2049, no lo es suficiente. Mientras los alcaldes del circuito petrolero están planeando (sin sentido, casi informal) cómo llevar más y mayor presupuesto a sus arcas y gastarlo en lo que va de su gestión; son estas mismas instituciones que a la fecha gastan muy poco de sus presupuestos en inversiones.
Así, en la provincia del Datem del Marañón (con seis distritos) al 11 de octubre ejecutaron gastos en obras de 12%; la provincia de Loreto (cinco distritos) alcanza el 40.5%; mientras que la municipalidad provincial de Requena lo hace en 34.6% y el distrito de Puinahuia en 14.4%.
Estas municipalidades tienen en sus presupuestos para ser ejecutados en las próximas 10 semanas, S/177 millones por gastar. Un reto casi imposible. Tienen presupuesto para inversiones en un territorio con múltiples necesidades y carencias, y son tan ineficientes que se dan el valor de desperdiciarlos. Son estas mismas municipalidades y todas las que se encuentran en el circuito petrolero que no tienen un plan de desarrollo local concertado; ignoran o desconocen los planes de vida de sus propias comunidades; no democratizan sus rendiciones de cuentas y los presupuestos participativos lo hacen por cumplir la normativa legal y lo hacen entre ellos mismos.
Manejar presupuesto público en el marco de un sistema de inversión pública con orientación territorial, con esfuerzo para cerrar brecha y en el marco de orientaciones de política y estrategia nacional al 2050; es más que una obligación, es una MISIÓN para que ningún ciudadano se quede atrás”. Se trata de buscar la mejora de la calidad de vida de cada uno de los habitantes, por lo que la capacidad de gasto tiene que demostrarse, y si eso no sucede, se tiene que mencionar porqué ello no es así y cuáles son los entrampamientos.
La ilusión
