Por: César Sánchez Arce
En las últimas semanas han ocurrido en nuestra ciudad varios acontecimientos delincuenciales en los que el uso de armas de fuego por parte de los malhechores ha puesto a Iquitos en los titulares de diarios y medios televisivos, no solamente locales, sino también a nivel nacional. Muy mala noticia para una ciudad que siempre consideramos pacífica y de alguna manera medianamente segura.
Hasta hace poco la delincuencia local se circunscribía a arrebatos a distraídos viandantes y confiados turistas, robos domiciliarios nocturnos, algún hecho de sangre con características pasionales, o no esclarecido, etc. Digamos lo que se puede considerar actos delictivos a los que toda sociedad está expuesta y que deberían tener en la policía y la justicia, los medios de represión y castigo. Y así, los ciudadanos más responsables y cuidadosos nos acostumbramos -sin exageración- a tomar las medidas de precaución que nos eviten ser el blanco de los antisociales.
Las cifras reveladas hace pocos días sobre el incremento de las acciones delictivas en el país en los años recientes, no hacen sino expresar la cruda realidad de que la violencia criminal ha desbordado la capacidad represiva de un Estado que hace mucho carece de una estrategia y objetivos claros de prevención, un Estado que, cual avestruz, entierra la cabeza para no ver lo que ocurre y permite que el problema se haga cada vez mayor. Ya pasó con el terrorismo, que por no tomar acción cuando se iniciaba, costó tantísimas vidas y del cual hasta la fecha no hemos salido completamente. Parece que no hemos aprendido la lección.
Problemas tan complejos como como la violencia y la delincuencia, requieren de políticas, en primer lugar, muy bien diseñadas por profesionales de diferentes especialidades con experiencia en este tipo de problemática, que si no los hay en el país, pues se buscan en el extranjero; y, en segundo lugar, la decisión de aplicar las recomendaciones como verdadera política de estado que trascienda a los gobiernos de turno; porque, quién en su sano juicio puede pretender que un ministro con un efímero paso por la cartera del Interior va a cambiar de un día para otro lo que se viene gestando desde muchos años atrás. Por eso resulta tragicómico ver y escuchar a muchos ex ministros tan efímeros como los de este gobierno, que critican y pretenden explicar recetas que cuando ocuparon el cargo fueron incapaces de aplicar, o no tuvieron la visión de rodearse de gente que pudo, en su momento, crear políticas adecuadas para iniciar verdaderas reformas.
Pero, sin lugar a dudas, lo fundamental para atacar un problema de naturaleza tan grave, que puede, como ocurrió en el pasado, llevar al país al borde del caos total, lo fundamental decimos, es la voluntad del gobernante de hacerle frente con las armas de la legalidad, es cierto, pero también con la firmeza que le confiere la convicción de no tener nada que ocultar.
¿Cuál es la razón de este fenómeno social? La corrupción parece ser la madre de todos los vicios -y la improvisación- de otra manera no se explica la falta de actitud de autoridades de todos los niveles que tienen el poder para corregir la legislación, procesos lentos o amañados, policía con horarios de trabajo pésimamente diseñados -y que se persiste en mantener- mal pagada y peor preparada, como acabamos de ver en los recientes sucesos del desalojo en Cajamarca, en donde se hizo evidente que la falta de criterio profesional da lugar al abuso y la violencia descontrolada; autoridades de las más altas jerarquías, cuestionadas o procesadas, pero aferradas al cargo y enturbiando la imagen de instituciones que deben ser inmaculadas y garantía de transparencia y efectividad en la lucha contra el crimen. Autoridades que muchas veces solo tratan de explicar lo que ya ocurrió, sin convencer a nadie y cuyo accionar es reactivo y de ninguna manera proactivo. O que se creen especialistas en crear cortinas de humo para desviar la atención de la ciudadanía.
Pero, como ya lo hemos dicho alguna vez, los ciudadanos también tenemos nuestra parte en este problema y la palabra clave es: prevención. Cómo explicarle al empresario que tiene que transportar fuertes cantidades de dinero, que no puede hacerlo en vehículos sin seguridad, exponiendo a sus propios trabajadores y a inocentes transeúntes a ser víctimas de los facinerosos; para eso existen vehículos blindados y agentes especializados -que además cuentan con seguros- pero que ese servicio tiene un costo que es necesario asumir, y que por lo demás es un gasto operativo de su empresa. Cómo explicarle al ciudadano común y corriente que no puede (o no debe) ir al banco a retirar montos considerables de dinero, o transportarlo sin mayor seguridad, sin exponerse y exponer a terceros a recibir un balazo en la cabeza. Denunciar todo acto delictivo del que se pueda ser víctima, aunque incómodo y a veces prácticamente inútil, es necesario para que las estadísticas reflejen la realidad del fenómeno y se tome conciencia de su dimensión. Señalar la falta de actitud de la autoridad responsable cuando se trata de intervenir ante una denuncia. Ejercer el derecho a exigirle a las autoridades elegidas, y que tanto han prometido, que lideren nuestro reclamo de mayor seguridad, desde el primer día de su gestión. Y pedirles cuentas, como servidores públicos que son.
Y algunos aspectos que uno siempre se pregunta: Cómo se enteran los delincuentes, con tanta precisión, de los detalles del movimiento de dinero de empresas y particulares; porque, de acuerdo a lo que se ve, no atacan al azar. Por qué delincuentes reincidentes gozan de beneficios penitenciarios que les permiten la reducción considerable de las penas a las que fueron condenados. Por qué los centros penitenciarios, verdaderos centros de planeamiento y dirección de los más atroces y sanguinarios delitos, no cuentan con aparatos de rayos X y/o detectores de metales que permitan una efectiva revisión de visitantes y malos agentes del INPE que ingresan ilegalmente teléfonos, armas, droga, etc. No es posible modificar la legislación para que los delincuentes juveniles más avezados sean juzgados y condenados a penas mayores, recluyéndolos en centros para menores hasta que cumplan la mayoría de edad y luego pasarlos a los penales disponibles para que sigan purgando su condena, como una manera de evitar la impunidad que les da su calidad de inimputables y que los convierte en feroces asesinos y sicarios desde temprana edad? En otros países a quien actúa como adulto, se le juzga y sanciona como adulto. Interrogantes que merecen atención de autoridades, especialistas y legisladores, que no solo piensen en los derechos humanos de los delincuentes e infractores, sino también, y sobre todo, del ciudadano común y de quienes exponen su vida haciéndoles frente.
