- Expresó su pesar por el lamentable fallecimiento de un efectivo policial.
- La Defensoría lamentó que la Policía Nacional del Perú no haya coordinado previamente antes de ejecutar su intervención.
La Defensoría del Pueblo en la región Loreto, intervino en el conflicto social registrado en la comunidad nativa Providencia, ubicada en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, región Loreto, en cumplimiento estricto de su mandato legal y en el marco de su rol como promotora del diálogo y defensora de los derechos ciudadanos.
La acción defensorial tuvo como objetivo concreto realizar una intervención humanitaria para verificar la situación de los cinco tripulantes de la embarcación que transportaba hidrocarburos retenida en la comunidad e invocar al diálogo a la población para que se escuchen sus demandas.
En esta intervención se recibió el pedido formal de mediación defensorial formulado por la propia comunidad. Concluida la visita, la Defensoría del Pueblo comunicó oportunamente los resultados de su intervención a todas las entidades competentes.
Ministerio Público, PNP, Prefectura Regional, Capitanías de Puerto de Yurimaguas e Iquitos, mediante correo electrónico a las mesas de partes virtuales y por vía WhatsApp a los funcionarios que venían realizando el seguimiento del caso, incluyendo gestiones realizadas en día sábado, dada la urgencia de la situación.
La Defensoría lamenta que la Policía Nacional del Perú no haya coordinado previamente antes de ejecutar su intervención. Las actuaciones defensoriales fueron socializadas oportunamente y por los canales correspondientes; por ello, resaltamos que la coordinación interinstitucional es fundamental, especialmente en contextos de alta sensibilidad social.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las partes a privilegiar el diálogo, proteger la integridad de las personas y prevenir un posible riesgo ambiental que afectaría gravemente al ecosistema del río Corrientes y a toda la región de Loreto; por ello, se ha solicitado a la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto y al Jefe de la Región Policial, evaluar los riesgos de continuar con la intervención.
La Defensoría del Pueblo no respalda ninguna medida de fuerza, lo que sí reconocemos es el derecho de toda persona a expresar sus demandas, y lo que promovemos es que esos pedidos se canalicen a través del diálogo. Nuestra labor es precisamente ser puente entre la comunidad, el Estado y la empresa para encontrar soluciones pacíficas y sostenibles y seguiremos vigilantes por el bien de la paz social.
