– Miguel Lévano, de Oxfam:
Para el asesor de la organización Oxfam, Miguel Lévano, la consulta previa en el lote 192 no es un proceso más: es la misma prueba de hacia dónde va la consulta en el país. “En términos del proceso de consulta y licitación para un nuevo titular del lote, lo mínimo que el Estado debe ofrecer son acuerdos de modificación del contrato y cambios en la normatividad sectorial. Las reglas no pueden seguir siendo las mismas, 30 años más de convivencia indígena con la explotación petrolera merece algo más”, refiere.
Recalcando que en este lote se disponen las reglas del juego que el Estado está dispuesto a aceptar con los pueblos indígenas; además es emblemático, porque fue el primer lote donde el Ejecutivo anunció que celebraría la consulta previa en agosto de 2012, por ser un caso complejo con pasivos ambientales que afectan a las comunidades indígenas de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón desde hace más de cuarenta años, y porque de este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional.
Los planteamientos formulados son completamente razonables y buscan asegurar una convivencia en mejores términos entre empresa y comunidades. Asimismo, busca que el Estado se constituya en garante de derechos, llenando el vacío que dejó por años y que ha dado pie a que la calidad de vida de estos pueblos se vea disminuida.
“En este caso, las comunidades han conseguido que se consulte el contrato de licencia de exploración y explotación petrolera que regirá las actividades del nuevo operador y no sólo el Decreto Supremo que lo aprueba, que es lo establecido en la normativa, y lo que se ha consultado en otros lotes. Por tanto, en este caso se consultarán las condiciones sobre las que se explotará el Lote 192 por 30 años más”.
Resaltando que este proceso ha sufrido idas y venidas: más de tres años de diálogo, cuatro emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y dos comisiones multisectoriales así como momentos de escalamiento del conflicto por la lentitud para atender los graves problemas ambientales y de salud generados tras más de 40 años de explotación. (MIPR)
