- Sentencia fue emitida mediante el mecanismo de terminación anticipada y establece además el pago de S/ 15 mil por concepto de reparación civil.
El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, a cargo de la magistrada Auria Andrea Vilchez Navarro, aprobó un acuerdo de terminación anticipada y condenó a Héctor Pacaya Andrade a diez años de pena privativa de libertad efectiva, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Elmo López Cahuasa.
En la audiencia, el Imputado reconoció los hechos acogiéndose a la terminación anticipada a pedido de su defensa técnica, propuesta que contó con la conformidad del representante del Ministerio Público y del imputado.
Seguidamente, luego de que se le informaran sus derechos y las consecuencias jurídicas de acogerse a este mecanismo, Héctor Pacaya Andrade manifestó su conformidad con los hechos atribuidos, la pena, la reparación civil y las demás consecuencias derivadas del acuerdo.
La terminación anticipada permitió que las partes arribaran a un acuerdo respecto de la pena y la reparación civil, el cual posteriormente fue sometido al control judicial correspondiente. Como resultado del acuerdo aprobado judicialmente, la magistrada condenó a Héctor Pacaya Andrade a diez años de pena privativa de libertad efectiva, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 108, numeral 3, del Código Penal.
La resolución dispone que la pena sea cumplida en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Iquitos, precisándose que el cómputo de la condena se inicia desde el 29 de agosto de 2026, fecha de su detención, y culminará el 28 de agosto de 2036; fijando además en la suma de S/ 15 000 el monto de reparación civil a favor de la parte agraviada, que deberá ser cancelado en 72 meses, conforme al cronograma establecido en la resolución judicial.
La Corte Superior de Justicia de Loreto reafirma su compromiso de administrar justicia de manera célere y dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes, garantizando el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.
