Cada 4 de agosto, el Perú conmemora el Día del Juez y la Jueza, una fecha que permite reconocer la responsabilidad que tienen quienes, desde la magistratura, deben garantizar el respeto a la ley y los derechos de los ciudadanos. En Loreto, la Corte Superior de Justicia recordó esta fecha con actos protocolares y religiosos, pero también con un mensaje que merece ser destacado: administrar justicia en nuestra región implica enfrentar condiciones geográficas, presupuestales y logísticas muy distintas a las existentes en buena parte del país.
Loreto es una región inmensa, atravesada por ríos y con numerosas poblaciones a las que solo se puede llegar después de varias horas y algunas veces días de navegación. En ese escenario trabajan jueces, juezas y servidores judiciales que tienen la responsabilidad de acercar el Estado a ciudadanos que viven lejos de las capitales provinciales. Por eso, cuando se habla de acceso a la justicia en nuestra Amazonía, no basta con mirar estadísticas o expedientes resueltos desde Lima; también debe entenderse la enorme dimensión territorial donde debe funcionar el sistema judicial.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Reynaldo Cajamarca Porras, recordó precisamente estas dificultades al señalar que, pese a las limitaciones logísticas y presupuestales, los magistrados continúan desarrollando su labor. Navegar los ríos durante horas, desplazarse hacia comunidades alejadas y trabajar en lugares donde la presencia permanente de las instituciones públicas todavía es limitada forman parte de una realidad que debería ser considerada cuando desde el Gobierno central se distribuyen recursos para la administración de justicia.
Pero la celebración también debe servir para recordar que ser juez representa una de las responsabilidades más delicadas dentro de una democracia. En sus decisiones pueden estar en juego la libertad, el patrimonio, la familia y los derechos fundamentales de una persona. De allí que la independencia, la imparcialidad, la transparencia y la sensibilidad social no sean solamente principios escritos en las normas, sino obligaciones que la ciudadanía espera encontrar todos los días en quienes tienen la misión de impartir justicia.
También corresponde reconocer los esfuerzos por acercar el sistema judicial a las comunidades más alejadas, especialmente mediante iniciativas que buscan una justicia con rostro humano y presencia territorial. En una región multicultural como Loreto, donde conviven ciudades, comunidades ribereñas y pueblos indígenas, el acceso efectivo a la justicia continúa siendo un desafío. La distancia geográfica jamás debería convertirse en distancia frente a los derechos que la Constitución reconoce por igual a todos los peruanos.
Desde estas páginas saludamos a los jueces y juezas de la Corte Superior de Justicia de Loreto en su día, reconociendo a quienes desempeñan su función con independencia, honestidad y vocación de servicio. Pero junto al saludo debe permanecer una exigencia: necesitamos una justicia cada vez más cercana, rápida, transparente y accesible. Porque fortalecer al Poder Judicial no significa solamente mejorar edificios o incrementar presupuestos; significa garantizar que, desde Iquitos hasta la comunidad más distante de nuestra Amazonía, todo ciudadano pueda confiar en que encontrará justicia cuando la necesite.
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Justicia en un territorio de grandes distancias
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