- Para ambos pidió 5 años de pena privativa de la libertad efectiva.
- Una reparación civil de un millón de soles.
- Desde ayer condenados ya andarían con orden de captura.
Pese a que la Corte Superior de Justicia de Loreto, se encuentra de vacaciones, se vienen desarrollando juicios orales importantes que al final terminan con severas condenas contra imputados denunciados hace muchos años.
Tal como ocurrió el día de ayer en horas de la mañana cuando el segundo juzgado unipersonal a cargo del Dr. Hesbert Benavente Chorres, condenara a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva a Ramiro Alberto Ramírez Saavedra (ex jefe de la oficina ejecutiva de maquinaria, vehículos fluviales del gobierno regional) y a Pedro Alberto Pacheco Tinoco (ex jefe de almacén del gobierno regional). A 272 días multa y la reparación civil de un millón de soles.
El magistrado dio un adelanto de fallo y el próximo 6 de marzo leerá completamente la sentencia condenatoria. La sanción drástica se ha ejecutado en base a la denuncia interpuesta ante el ministerio público en el marco de recepción de cuatro motochatas para el gobierno regional en los últimos meses del año 2013 y enero 2014. Desde ayer los imputados ya contarían con las respectivas órdenes de captura. Ramiro Ramírez, se venía desempeñando como asesor en el área de saneamiento de la municipalidad de Maynas.
Los hechos giran en torno al proceso de licitación para la adquisición de 4 motochatas llamadas: productivas, 1-2-3-4. Donde habrían suscrito actas de recepción con fechas entre diciembre 2013 y enero 2014, sin embargo, de acuerdo a un informe elaborado por OCI del gobierno regional el que se sustentaba en información remitida por la dirección de capitanía de puerto, así como por un documento de Registros Públicos; se llegó a la conclusión que esas embarcaciones se terminaron de construir el 19 de marzo del año 2014. Y no en el 2013.
El ministerio público, en este caso representado por el Dr. Paul Peralta Chota, visualizó dos delitos como el de falsedad ideológica y negociación incompatible, que ocasionó un perjuicio económico al gobierno regional por más de 900 mil soles. Lo que era la penalidad por el retraso incurrido. Eso de acuerdo a las cláusulas del contrato, que indicaban que si la empresa ganadora de la buena pro no entregaba las embarcaciones dentro del plazo establecido; tenía que ser pasible de una penalidad, pero a efectos de no aplicar esta penalidad se habría suscrito las actas en fechas que no se ajustaban a la verdad. No podían hacerlo porque aún no habrán estado terminadas.
Incluso en la audiencia se habló de un peritaje que habría hecho un privado de forma “altruista”. El peritaje fue ofrecido como prueba de parte de los acusados. Dicho peritaje en el juicio oral se desbarató ya que no había sido una pericia contratada por el gobierno regional, lo que informó la oficina de logística del gobierno regional. Señaló que Ramiro Ramírez, nunca solicitó ningún requerimiento para la contratación de ningún perito.
Mas en el juicio el imputado había señalado que sí había hecho su requerimiento a la oficina de administración. El área de control interno también señaló que nunca había hecho requerimiento para la contratación de un perito. Todas esas versiones entraron en contradicción con lo declarado por el denunciado. Y esas circunstancias fueron valoradas por el juez llevándolo a descartar el peritaje de parte.
Además, se valoró la información oficial entregada por la dirección de capitanía de puerto, de OCI del gobierno regional, así como de Registros Públicos; ya que en todos ellos existía el dato que la fecha en que se terminaron de construir las motochatas fue recién el 19 de marzo. Dando como resultado que dicho peritaje de parte no correspondía, no tenía validez frente a la información que sí era oficial.
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