- En marzo saldría sentencia, la misma que sería favorable para familias afectadas
- Para el mes de marzo programarán una nueva audiencia para lectura de sentencia
- Abogados de comunidades esperan que sea favorable para las víctimas
Ayer lunes, en horas de la mañana, se realizó la audiencia para la vista de la causa, en la demanda de cumplimiento de las comunidades nativas Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Santa Rosa, respecto al derrame de 2 mil 500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, en la provincia Loreto Nauta, ocurrida en junio del año 2014.
Las comunidades demandaron a Petroperú, Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, el Ministerio de Energía y Minas-MINEM, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas-OSINERGMIN, entre otros, por una serie de incumplimiento de sus obligaciones.
Ambas partes expusieron ante la nueva jueza del Juzgado Mixto de Nauta, Beatriz Velásquez Condori.
Flor de María Paraná, madre de familia Kukama, explicó la emergencia humanitaria y el impacto diferenciado, los derrames en mujeres, niños, ancianos, etc. dejó en evidencia que no tienen agua potable ni alimento “…pues los ríos y los peces están contaminados, no hay atención a la salud, y se ha destruido la actividad económica principal que es la pesca…”.
El informe de Derecho estuvo a cargo de los abogados Rita Ruck del Vicariato de Iquitos, de Juan Carlos Ruíz de IDL, así como de Henry Carhuatocto de IDLADS.
“El abogado de Petroperú regresó a la tesis del sabotaje, donde Petroperú no tiene ninguna responsabilidad, y es víctima, desconociendo que OEFA ha reconocido que el derrame fue por falta de mantenimiento del oleoducto norperuano”, expresó Juan Carlos Ruíz.
Estuvieron presentes en apoyo y respaldo del movimiento nacional de derechos humanos a los demandantes Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la CNDDHH y Juliana Bravo de Earth Rights international.
Mientras tanto para el mes de marzo, la jueza ha fijado una siguiente audiencia donde dará la sentencia final, la cual, refiere el abogado Juan Carlos Ruíz, será positiva a favor de las comunidades afectadas. (MIPR)
