Estuvieron comunidades del Alto Pastaza: base del lote 192: Nuevo Andoas, Titiyacu, Pañayacu, Porvenir Los Jardines, Alianza Topal, Andoas Viejo, Alianza Capahuari, Wararay y Los Brillantes.
El evento informativo forma parte del procedimiento establecido en la Ley, según el cual la empresa Perupetro participó a las comunidades la entrega del Lote petrolero a un nuevo operador y lo presenta públicamente. La reunión no contempla en ningún caso la toma de acuerdos o de compromisos y su valor radica en informar a la población y adelantar alguna clase de coordinación con ella.
Además de las empresas, asistieron el alcalde de la provincia del Datem y el alcalde de Pastaza, además del Gerente de Desarrollo de Pueblos Indígenas del GOREL.
En la exposición técnica e informativa se anunciaron dos etapas. Una inminente de 6 meses de duración para la recuperación del Lote y otra posterior de acondicionamiento para la producción. Se anunció públicamente a Petroperú como operador del lote 192 y también que está en trámite la incorporación de Altamesa Energy como socio de Petroperú en la operación del lote
Durante la sesión se abrió un turno de preguntas y comentarios de los participantes que consumió la mayoría de la jornada, consistente en exposición de quejas, aspiraciones y demandas de las comunidades en relación a la actividad petrolera.
Por encima de todos primaron 3 temas recurrentes que concentran el interés de casi todos los presentes:
- Relaciones contractuales y laborales entre trabajadores locales y empresas comunales con empresas operadoras y contratistas.
- Remediación ambiental y el rol de las empresas comunales en la intervención de los incidentes.
- Provisión permanente del servicio de energía eléctrica para las 3 comunidades por parte de Petroperú.
Marginalmente también se reclamó el cumplimiento de los acuerdos de Consulta Previa del Estado con las comunidades.
Se anunció la implementación de un protocolo y plan de relaciones comunitarias y una mesa técnica para tratar la atención de 90 incidentes ambientales producidos entre 2021 y 2023.
Como principal logro de la jornada para las comunidades, se arrancó del Estado el compromiso de concertar una reunión con el Directorio Petroperú para tratar los derechos contractuales de las empresas comunales y sus relaciones con los operadores.
La frustración de los participantes por no poder alcanzar acuerdos fue evidente aunque en ningún momento estuvo en riesgo la celebración o la continuidad del evento.
El evento fue muy útil para diagnosticar las verdaderas motivaciones y prioridades de la población frente a la actividad petrolera. Prima por encima de todo la necesidad de mejorar las condiciones económicas de las empresas comunales y población en relación a la actividad que brinda la industria bajo una lógica de continuidad con mejoras.
Es reseñable que las comunidades aspiran a salir del esquema rutinario de emplearse en tareas básicas poco cualificadas y trascender en sus relaciones contractuales con la empresa. Eso se debe en gran parte a la pedagogía que se ha hecho desde las federaciones.
Sin embargo, aún no entra en su imaginario aspirar a contratos que superen las capacidades de la empresa comunal. Las comunidades temen que traer a empresas más grandes especializadas, antes que abrirles puertas, les pueda dejar sin su puesto de trabajo temporal.
Ha calado en su agenda de demandas de forma definitiva la exigencia de aplicar procesos de remediación de pasivos y derrames.
Sin embargo, la población aún no se plantea nada que vaya más allá de realizar una limpieza superficial en lugar verdaderos procesos de remediación a riesgo de que éstos puedan superar las capacidades de la empresa comunal.
La remediaciones efectivas basadas en tecnologías eficientes las ven con desconfianza, probablemente porque los comuneros temen que eso ponga en riesgo el papel que viene jugando su pequeña y frágil institucionalidad: las empresas comunales. En otras palabras: anteponen su beneficio económico inmediato y la vigencia de su organización local a una remediación efectiva de calidad y de la mano de la llegada de empresas especializadas.
En definitiva, las comunidades se encuentran en un momento de transición en el que han dado un paso adelante para mejorar su situación y su relación con las empresas pero aún no se atreven a dar un salto cualitativo por miedo y temor a perder lo que tienen y a lo desconocido.
Las empresas, tanto Petroperú como Perupetro, están impulsando algunos cambios en su relacionamiento con las comunidades pero aún están lejos de consolidar una relación más horizontal, equilibrada y basada en la confianza con ellas.
Por el momento parece prematuro de que las comunidades avancen en la definición de una agenda más ambiciosa aunque afortunadamente, las comunidades parecen a salvo de cualquier pretensión de alentar desde fuera la toma de medidas de fuerza por parte de actores externos que conduzcan a la confrontación.
Es evidente que en este momento las comunidades se conducen guiadas por el pragmatismo y anteponen pequeños beneficios y su bienestar material a la defensa de derechos fundamentales.
