- En asamblea del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Loreto.
En asamblea extraordinaria del Consejo Regional de seguridad Ciudadana – CORESEC, el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Loreto ODANC-PJ, Reynaldo Cajamarca Porras, ante el Gobernador Regional y alcaldes de municipalidades, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil, exhortó a que se dé cumplimiento de lo acordado sobre la creación de la Unidad de Flagrancia Delictiva, cuya principal urgencia es el otorgamiento de la instalación o terreno, para su implementación y pronto funcionamiento.
El jefe de la ODANC enfatizó que las Unidades de Flagrancia no sólo permitirán el ahorro de tiempo y esfuerzos en la tramitación de los procesos, sino que constituirán una respuesta frontal al fenómeno de la delincuencia, que hoy por hoy ha incrementado la inseguridad ciudadana en Loreto.
En tal sentido, la mejor estrategia para combatirla es que las instituciones de justicia se encuentren unidas para la tramitación de los casos en flagrancia delictiva, siguiendo el procedimiento inmediato.
Estas unidades de flagrancia, son implementadas en un lugar o sede, donde se agrupa a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial, instituciones que intervienen en el trámite del proceso inmediato, de acuerdo al rol concreto que les corresponde.
Lo novedoso y de suma conveniencia es que al concentrarse las instituciones tutelares en un determinado espacio facilita que el caso que llegue y se resuelva con celeridad y prontitud, siendo los procesos de su competencia por hurto, robo, tenencia ilegal de armas, etc.
Al día de hoy, esta Unidad funciona en la sede temporal del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia, en el distrito El Porvenir – Trujillo, y en el distrito de Villa El Salvador – Lima Sur.
Cabe precisar que, en la implementación de próximas Unidades, los alcaldes tienen un rol primordial sobre la cesión en uso de instalaciones para su funcionamiento.
Al respecto, la Ley Nº 31774, de fecha 7 de junio 2023, autoriza a los gobiernos regionales y locales para ejecutar proyectos de inversión pública que contribuyan a reducir la brecha en infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial, Ministerio Público, etc. con la finalidad de optimizar el servicio de justicia. Ello, previa suscripción del convenio respectivo y a título gratuito, sin que implique subordinación alguna de la administración de justicia, acotó, el juez superior Cajamarca Porras.
CSJ Loreto
