- Según la Defensoría del Pueblo en Loreto.
Durante una reciente sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) realizada en la ciudad de Iquitos, el Defensor del Pueblo, Abel Chiroque, abordó temas clave sobre la creciente inseguridad que se presenta sobre la ciudadanía.
En la reunión, que se celebró durante esta semana, participaron diversas autoridades, entre ellas el jefe de la Región Policial Loreto, quien presentó las estrategias implementadas para enfrentar la creciente ola de criminalidad en las zonas urbanas y rurales de la región.
Según el informe policial, la violencia continúa siendo el delito más frecuente, con más de 1,800 casos registrados. Además, se reportaron aumentos en los delitos contra el patrimonio, como el hurto de vehículos menores, y en los delitos relacionados con la seguridad pública y el crimen organizado.
La Defensoría del Pueblo aprovechó la ocasión para señalar el problema creciente de las denominadas «barras bravas», que también contribuyen a la inseguridad en la ciudad. En este contexto, se hizo un llamado a los gobiernos locales para que asuman un rol más activo en la lucha contra la violencia, especialmente en la prevención de la violencia sexual contra niñas y mujeres, una preocupación constante en la región.
En 2024, la Defensoría había alertado sobre la falta de recursos para apoyar adecuadamente a las víctimas de violencia y para implementar acciones preventivas en escuelas e instituciones públicas. Chiroque también instó a los alcaldes de los distritos de Iquitos Metropolitana a participar en la próxima reunión de CORESEC para presentar sus planes de seguridad para el 2025.
En cuanto al presupuesto destinado a la seguridad, Loreto cuenta con una asignación de 30 millones de soles para los gobiernos locales. De esta cantidad, 7 millones 959 mil soles corresponden a la Municipalidad de Maynas, 6 millones 700 mil a San Juan, 4 millones 904 mil a Belén y 2 millones 567 mil a la Municipalidad de Punchana.
A pesar de los recursos disponibles, la población continúa preocupada por los altos índices de criminalidad y la percepción de que la seguridad ciudadana atraviesa una crisis. Aunque las cifras de 2024 mostraron una mejora en comparación con 2023, los primeros 15 días de 2025 ya evidencian un incremento en los delitos, lo que mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la comunidad en general.