El Congreso de la República ha reaccionado frente a la protesta indígena de Saramuro/Saramurillo, formando una comisión investigadora de los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano, por un plazo de 120 días para determinar las responsabilidades del caso. Esto suena interesante en el sentido de tener un consolidado de los derrames de petróleo en general.
La comisión también investigará sobre cuáles han sido los impactos ambientales de los mencionados derrames. Deberán evaluarse los daños ocasionados a las comunidades indígenas amazónicas que residen en las zonas adyacentes al Oleoducto. Incluso sobre la denuncia de la petrolera estatal de un atentado contra el ducto.
Parece que no se termina por entender el problema de las comunidades indígenas en torno a la contaminación, porque la comisión investigadora que aprobó formar el Congreso de la República no expresa en ningún momento el problema de la remediación de las zonas impactadas y debería incluirlo.
Ojalá esta comisión del Congreso logre en su investigación, sincerar la cantidad de impactos ambientales registrados, pues hasta hace unos tres años se contabilizaba unos 60 lugares, de los cuales un número por determinar, que también estamos investigando, aunque nos ponen trabas burocráticas en el camino, solo han logrado ser remediadas.
Uno de los lugares que conocemos es el lago de Shanshococha, notablemente afectado, de aspecto muermo, con aguas verdosas, poca vegetación y muy poca fuente de agua de lo que originalmente fue, como se pudo notar en el mismo lugar en un viaje donde la Pluspetrol quiso transparentar el asunto.
De todo lo que se dijo, se puede colegir que la remediación parece muy complicada, tal vez solo se pueda llegar a quitar el contaminante, pero de ahí a que quede todo como antes, lo dudamos.
Ahí entra a tallar el tema de la indemnización, qué es otro punto de reclamo. Cuántas veces más tendrían que indemnizar sobre un mismo pasivo ambiental. Si alguna petrolera pagó directamente por ello, esto habría permitido que ese dinero no tenga un destino para el desarrollo comunitario. Cómo reglamentar, cómo ordenar estas transacciones económicas, que al parecer pasaron por encima del Estado, que además deben ser destinadas a verdaderos proyectos de desarrollo en beneficio de todos los pobladores indígenas.
La comisión investigadora del Congreso tiene en sus manos la posibilidad de clarificar aspectos que conlleven a iniciativas legislativas que resuelvan este conflicto social.
