- Y exhorta al Estado a dialogar con manifestantes
- “Es claro que si el precio del petróleo fuese alto y hubiese canon petrolero, hace mucho el gobierno central y el Gorel hubiesen intervenido”
Han transcurrido más de un mes desde que diferentes comunidades nativas de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Chambira, tomaron las instalaciones de Petroperú en Saramuro, y se instalaron en la comunidad Saramurillo, en el distrito de Urarinas, protestando por los constantes derrames de petróleo en la Amazonía. Como es de conocimiento, durante este tiempo han venido restringiendo y reteniendo el paso de embarcaciones con la finalidad de llamar la atención de las autoridades del gobierno y hasta de la misma empresa que ha ocasionado esta serie de contaminaciones.
Frente a estos hechos, el Instituto de Defensa Legal exige la atención humanitaria a las comunidades y exhorta al Estado a dialogar con los manifestantes. Expresan que el Gobierno y Petroperú no han atendido los legítimos reclamos, consideran que estas medidas de fuerza no pueden entenderse ni atenderse de manera aislada, “Es claro que si el precio del petróleo fuese alto y hubiese canon petrolero, hace mucho el gobierno central y el Gorel hubiesen intervenido”, citan en su pronunciamiento.
Dicha institución visitó las comunidades nativas de Monterrico, Nueva Alianza y Cuninico y han podido apreciar las consecuencias de los derrames de petróleo ocurrido allí recientemente. “Hemos sido testigos de la desatención de las necesidades elementales de la población afectada, pese al tiempo transcurrido. El agua y el pescado se encuentran gravemente contaminados, lo cual redunda en la malnutrición e intoxicación de la población, la cual ha empezado a padecer enfermedades, especialmente niños y ancianos, de igual forma se lesiona su cosmovisión y espiritualidad, dada la naturaleza sagrada de sus ríos”.
Ante ello exigen que Petroperú, a las Municipalidades de Urarinas y de Loreto- Nauta, el Gobierno central y regional brinden de inmediato agua potable, alimento y servicios médicos a las comunidades. Por otro lado, exigen al Ministerio Público y Poder Judicial investigar y sancionar a los responsable de los derrames, tanto a quienes atentaron directamente contra el oleoducto como aquellos directivos de Petroperú que incumplieron con dar un mantenimiento adecuado. “Que dejen de señalar a las comunidades como responsables de la rotura o sabotaje pues corresponde al Ministerio Público acreditar su responsabilidad tras realizar las investigaciones correspondientes, para las que deberá consultar a OEFA y OSINERGMIN, por tratarse de instituciones especializadas”. (MIPR)
