“Las acciones de inseguridad ciudadana se encuentran asociadas a la migración y en particular desde que la hermana Venezuela cayó en manos del socialismo, hecho que se evidenció a partir de 2017 cuando el país rico en petróleo ingresó en decadencia y no pudo controlar el descontento de sus ciudadanos”, miles llegaron a nuestro país, así como a otras naciones.
Es lo que en su última publicación virtual de Prospectiva Amazónica nos recuerda el economista e investigador loretano Roger Grandez Rios, donde también hace referencia que “una segunda cuota de migrantes es de Colombia país que desde la década de los años 80 consolida la unión entre la droga y grupos insurgentes”.
Indudable, que es parte de una realidad que hoy afrontamos, muchos vimos como un acto de humanidad y solidaridad el recibir a los hermanos de los países vecinos, pero por ahí se advirtió que el ingreso no debía ser indiscriminado, sin saber de quiénes se trataba, básicamente respecto a antecedentes delictivos que podrían tener.
En ese entonces el tema era por demás traumático, miles y miles de personas venezolanas que llegaban como podían, caminando por las carreteras con familias enteras, incluso con niños en brazos. Un momento que no pudimos como Estado a través de las autoridades de turno y el accionar migratorio, ponerle un orden y mucho celo, por la clase de personas que estaban ingresando a vivir en nuestro territorio.
No está demás recalcar, que muchos de ellos gente de bien han llegado a aportar e inspirar a los nuestros a ser mejores en varios aspectos del desempeño en diversos trabajos, aunque también la “mano de obra barata” y de mejor calidad que la nuestra fue otro tema de análisis, que puso en vilo a muchos peruanos en la competencia laboral.
Los que nos está afectando, evidentemente, son los migrantes tanto venezolanos y colombianos que han traído su vida delictiva a aplicar en la nuestra. “Hoy, estos dos grupos de ciudadanos serviles a la violencia sin frontera están a tacando a un país sin control, con una débil estructura social y una clase política e institucional cuyas prioridades no son precisamente la consolidación del urbanismo social ni la planificación de las ciudades dinámicas, innovadoras y productivas”.
En el artículo hace un comparativo entre las ciudades de Iquitos y Pucallpa, con similar problema de inseguridad ciudadana en sus territorios, como en muchas ciudades del país. Pero, específicamente en estas dos capitales amazónicas puntualiza de cómo la producción de hoja de coca ha ido creciendo de manera sostenible.
“Incluso en el año pandémico de 2020, en 6 veces para el caso de Loreto y en 3 en Ucayali en el periodo 2018-22. En 2022 la producción fue de 28,375 hectáreas. Esta tendencia creciente de los departamentos gemelos, hará posible que, en los próximos dos años, superaremos la producción de hoja de coca en el convulsionado VRAEM cuya producción en 2022 fue de 35,709 hectáreas”. Importante información a tener en cuenta en una realidad social ya bastante golpeada. “Nos están enviando señales que tenemos que repensar y actuar de manera diferente”.
Inseguridad y migración
