Cada vez existe más consenso nacional respecto a la necesidad de revisar y replantear la figura de la inmunidad parlamentaria, un beneficio constitucional que muchos congresistas irresponsables lo han convertido escandalosamente en impunidad.
Más aún, acceder a la representación parece haberse convertido en una opción para algunos indeseables que, pese a arrastrar procesos de corrupción, denuncias y juicios, logran introducirse en los partidos en busca de una curul para encubrir su pasado delictivo o corrupto.
Hoy resulta imperativo replantear la figura de la inmunidad, lo que implica modificar la Constitución. Algunos postulan eliminar ese beneficio totalmente, pero la experiencia señala que más bien debe restringirse para que pueda aplicarse a opiniones durante el ejercicio parlamentario, pero no a delitos flagrantes ni graves ni a condenados judicialmente.
En paralelo, los partidos políticos y el JNE deben asumir sus responsabilidades. Los primeros tienen que seleccionar mejores cuadros y no aceptar a cualquiera que sólo aporte dinero. Igualmente, el JNE debe actuar como un tamiz permanente tanto para fiscalizar el financiamiento de los partidos, cuanto para detectar, denunciar y erradicar a los malos elementos que pretenden infiltrarse en el Parlamento para burlar la ley y la justicia.
