- Un total de 28 comunidades indígenas urarinas, achuar, kukama conviven con suelo, agua y vegetación contaminada por hidrocarburos.
- Cocha Atiliano y Cocha Negra, sitios visitados por Mongabay Latam y considerados de alto riesgo por entidades del Estado, no tienen presupuesto para su remediación.
- Por 4 años, Perupetro está cerrando el trato con la empresa Upland Oil & Gas y busca reiniciar las operaciones petroleras en el Lote 8.
Fueron incontables las veces que Wilfredo Sandi vio cómo el petróleo discurría hasta la cocha Atiliano envenenando a su paso la principal fuente de agua de la comunidad indígena de Pucacuro. Le da rabia solo acordarse cómo la contaminación afectó a las familias achuar, incluida la suya.
Mientras avanza a través del bosque para mostrar cómo luce hoy la laguna, Sandi cuenta que “los peces están desapareciendo o muriendo” y que ellos en el camino se están enfermando. Aparece de pronto un espejo de agua gigante que refleja el cielo amazónico y el paso fugaz de una bandada de loros.
A simple vista parece la imagen idílica de un paraíso natural, pero se trata en realidad de una cocha de alto riesgo para la salud, según las autoridades ambientales peruanas, que en sus profundidades conserva restos de petróleo adheridos a la tierra y las rocas.
“Todos los peces que consumimos vienen de esta cocha y del río, pero ambos están contaminados. Cuando se come el pescado contaminado se nota, se siente otro sabor, como amargo, no es agradable. Han venido del Ministerio, les hemos enseñado esos peces, todas las autoridades saben de este problema”, cuenta Elia Sandi, madre indígena de Pucacuro.
A unos metros, los líderes achuar cavan el suelo para introducir palos —una escena que se repite cada vez que hay un derrame en la Amazonía— y de los agujeros emana un olor fuerte como a plástico quemado y azufre. El crudo sale a la superficie con facilidad. En el grupo se empiezan a sentir las molestias, dolor de cabeza, ardor en la nariz. Los dirigentes recomiendan detener la caminata y no avanzar más.
Uno de los problemas con los que tienen que lidiar cada día las familias achuar que viven en el Lote 8 es el acceso a agua limpia. Tienen que desplazarse a otras quebradas o simplemente recoger agua del Río Corrientes, donde la última alerta de derrame de petróleo fue el 2023. Las consecuencias del consumo de agua contaminada la sustentan con documentos y exámenes de salud que les hizo Censopas entre el 2017 y 2019. También muestran las alergias, heridas y demás efectos de la contaminación que los aquejan.
“Lo que pasa —explica el Apu de Pucacuro Emerson Mucushua— es que vivimos cerca de la Estación Batería 4 (dentro del Lote 8), allí están las chatarras, las tuberías abandonadas y la Cocha. No es posible vivir en estas condiciones que afectan la salud. Este año, hemos dicho al Estado que se tiene que asignar un presupuesto a la remediación, pero también un fondo social para mejorar la vida de la comunidad”. El apu es enérgico y afirma que no van a permitir que una empresa petrolera vuelva a operar sin respetar estándares ambientales.
Mongabay Latam acompañó a los dirigentes y monitores indígenas a algunos de los puntos más críticos en Trompeteros. El equipo partió del puerto de Nauta en una ruta de catorce horas por río, para luego abordar una pequeña embarcación por cuatro horas más hasta Pucacuro y Peruanito, donde OEFA identificó el 2021 al menos dos sitios de riesgo por la cantidad de metales tóxicos como mercurio, bario y arsénico. Tal fue el nivel de contaminación, que los expedientes pasaron a formar parte de la lista de sitios priorizados para la remediación a manos de Profonanpe (Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú), pero a la fecha no tienen presupuesto asignado, lo que significa qué nadie sabe cuándo se podrán remediar o bajar los niveles de toxicidad en el agua, el suelo y las plantas.
¿Por qué los árboles de plátano crecen raquíticos y el aguaje no da más que un fruto minúsculo?, se preguntan los habitantes de Pucacuro. Debajo de esas plantas, sobresalen metales oxidados camuflados entre hojas, pastos y hormigas, también engranajes de dos metros, barriles de contenido dudoso, tubos de tres metros enterrados y piezas de todo tipo.
Luce como un cementerio de máquinas y chatarra abandonadas por las empresas que operaron el Lote 8 por 50 años. Algunas vacas se mueven cerca de la ribera del río, pastan con tranquilidad entre los desechos tóxicos. Los indígenas achuar transitan a diario por este botadero porque está a solo unos metros de su puerto, por dónde salen las embarcaciones hacia Trompeteros, donde consiguen pan, agua embotellada, latas de atún y arroz.
El Lote 8, una veta de petróleo que se explotó por 50 años en Loreto, está paralizado desde el 2021, cuando Pluspetrol Norte S.A. anunció su retiro del Perú, luego de 15 años de operaciones en la zona. En la actualidad, todavía se ven carteles con el logo de la empresa a lo largo de los caminos de las comunidades de Pucacuro y Peruanito, incluso aparece como auspiciador en la remodelación de un colegio. Cuentan los achuar, que Pluspetrol tenía un campamento especial para sus trabajadores y pocas veces se acercaron a contratar servicios en las comunidades, no tenían muy buena relación porque tampoco escucharon sus demandas.
A lo largo de los años, Pluspetrol acumuló 73 procesos sancionadores que derivaron en 72 multas por un monto de 47 millones de dólares asociados a derrames y mala gestión ambiental durante sus operaciones entre 2011 y 2021, tanto en el Lote 8 como en el Lote 192. Fue OEFA quien señaló a Mongabay Latam que Pluspetrol “pretendió liberarse de sus obligaciones contractuales y legales de remediación y cumplimiento del Plan de Abandono del Lote 8 al disolverse”.
Aunque Perupetro solicitó a la Corte Internacional de Arbitraje que declare improcedente la disolución, esta falló a favor de la empresa el 2023.
Mientras tanto, los comuneros de Pucacuro no se resignan a convivir con la contaminación, exigen cambios. En la Asamblea comunal se han dado cita para conversar sobre el ingreso a su territorio y por cuatro años de la nueva operadora Upland Oil and Gas LLC, subsidiaria del Grupo Energy, a su territorio por cuatro años. Han escrito carteles que dicen: “Urgente, necesitamos análisis toxicológicos”, “Queremos que remedien nuestra Cocha”, “Basta de contaminación”. Una señora llega con su hijo de ocho años cargado en brazos, muestra la piel del niño cubierta de sarpullidos y heridas. El pequeño juega en el agua, ha ido a la Cocha Atiliano y come regularmente los peces que atrapan en la zona.
La madre se llama Carmela Díaz, es achuar y le cuesta expresarse en otra lengua. Le pide a Elia Sandi que traduzca sus palabras. Arruga el ceño, extiende las manos, no hace falta saber el idioma para entender qué está indignada y harta. “Los niños van a clases, pero no captan lo que leen, tienen debilidad y les duelen sus cuerpos. Yo también, que tengo 42 años, me duelen las rodillas, me siento enferma continuamente y no es mentira, tengo mis exámenes donde sale plomo y metales en mi cuerpo”, traduce Sandi.
Los comuneros indígenas muestran sus exámenes médicos. El primero fue entregado por CENSOPAS en 2018 y el segundo en febrero del 2019 aplicado a una población de cuarenta niños, mujeres y hombres adultos. Zarela Mayanchi recuerda que el médico luego de analizar su sangre se sorprendió y le recomendó que vaya continuamente a la Posta de salud para tratar sus síntomas de intoxicación.
Solo que en el Puesto de Salud de Pucacuro la situación es muy precaria, no hay sillas, las camillas de los pacientes están en mal estado, la poca medicina que llega no tiene un adecuado almacén y hace semanas no tienen energía eléctrica, lo que pone en riesgo la preservación de las vacunas.
“Cómo vamos a tratar enfermedades por intoxicación, si no tenemos lo básico para atender. A veces las madres llegan con sus niños con dolores de estómago, diarreas o con heridas en la piel y eso lo asociamos a la contaminación. Pero no tenemos implementos ni formas de hacer exámenes para ayudarles, tratamos de hacer lo que podemos”, asegura la doctora Sheila Abad, encargada del Puesto de Salud de Pucacuro, donde además se atiende a otras ocho comunidades indígenas.
Los achuar señalan que la cocha Atiliano es uno de los focos que afecta su salud, la misma que años atrás era conocida tradicionalmente como un “mercado de peces y alimentos”. Según el informe “Contaminación en la Cocha Atiliano”, elaborado por Puinamudt (Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte) en 2012, ya desde 1985, cuando la operadora del Lote 8 era Petroperú, se reportaban valores anormales de metales tóxicos en sus aguas.
Históricamente, la cocha fue usada de botadero para desechos, crudo y eventuales pequeños derrames. Los líderes achuar narran que la situación no cambió con la llegada de Pluspetrol Norte en 1996, porque siguió siendo un depósito de aguas no tratadas y crudo. Por eso, en 2015, las autoridades de Pucacuro denunciaron a la empresa y OEFA, en una resolución oficial, confirmó las sospechas de los comuneros.
La entidad estableció en la Resolución Directoral Nº 3102-2018-OEFAIDFAI del 30 de noviembre de 2018, “la existencia de responsabilidad administrativa de PLUSPETROL NORTE S.A.” y la responsabilizó de los “impactos ambientales negativos en un área aproximada de 80.000 m2, correspondiente a los suelos del Lote 8, producto del contacto de la lluvia con los residuos sólidos inadecuadamente dispuestos”.
“Nuestra cocha Atiliano, está cerca a la Estación de bombas, de esa zona es que sale el petróleo hasta una quebrada y luego por el subsuelo contamina a la cocha, porque todo está muy cerca. Cuando se ha caído el petróleo, tanto Petroperú como Pluspetrol usaron químicos para dispersar o para hundirlo, por eso todo se quedó en el centro, si vamos con una canoa y picamos en el fondo sale el petróleo”, cuenta Gilber Inga, quien es pastor evangélico de Pucacuro.
Los análisis de las muestras de sedimentos correspondientes a la cocha Atiliano fueron tomados por OEFA, publicados en 2021 en el Informe N° 00044-2021-OEFA/DEAM-SSIM y fueron un elemento determinante para sumar ese punto a la lista de sitios priorizados para su remediación por el Estado. En el documento se resalta la presencia de sedimentos de hidrocarburos en la cocha. El equipo evaluador “evidenció un olor similar a hidrocarburos en sedimento e iridiscencia (al remover el sustrato) en todos los puntos de muestreo de la cocha”. Respecto a las fuentes contaminantes, el informe enumera tres: “una trampa de grasa colindante al sitio, los tanques de almacenamiento de hidrocarburo (ambas ubicadas en la Estación de Bombas – Capirona) y un antiguo ducto (sección de tubería cortada y que se encuentra paralelo a la cocha Atiliano) proveniente de Batería 4 Capirona hacia Estación de Bombas”.
El equipo de Mongabay Latam recorrió varios de esos puntos guiado por las autoridades de Pucacuro. La Estación de Bombas es un complejo de tanques elevados y tuberías para almacenamiento de petróleo, que se encuentra casi en abandono. Los ductos que menciona el informe son tuberías corroídas, llenas de óxido que se encuentran sobre la tierra y las plantas en puntos cercanos a la cocha. Los achuar pasan cotidianamente al lado de esos desechos o los pisan al caminar por sus tierras. mientras animales como la sachavaca, el añuje y el majaz comen las hierbas que crecen alrededor.
Han pasado nueve años desde la denuncia inicial a Pluspetrol por parte de los indígenas achuar, pero tras su retiro del Lote 8, fue el Estado peruano, con dinero de los impuestos de los ciudadanos, quien asumió la responsabilidad de este sitio impactado. En la última reunión de febrero en Iquitos de la Junta de Administración del Fondo para la Remediación ambiental, representantes de Profonanpe conversaron con los apus de Peruanito y Pucacuro: Giovanni Sandi y Emerson Mucushua. Los apus cuentan que lo que presentaron era tan grave que las autoridades aseguraron que buscarían fondos para la remediación de los cuerpos de agua contaminados en sus comunidades.
A ello se suma que por los territorios achuar pasa el Oleoducto Nor Peruano, la tubería está instalada a solo medio metro de los caminos y atraviesa chacras y tierras comunales, usadas tradicionalmente para la cacería. Esta convivencia con el oleoducto puede ser problemática, considerando que solo durante el 2022, OEFA reportó 23 derrames en el Lote 8, en pleno proceso de liquidación de Pluspetrol. Cuando Mongabay Latam consultó a Petroperú sobre los derrames históricos del oleoducto en esta parte de la Amazonía, la oficina de prensa respondió: “como ha sido oportunamente denunciado ante las autoridades penales, fiscales y judiciales competentes, el mayor porcentaje de eventos producidos en el Oleoducto Norperuano han sido ocasionados por actos delincuenciales cometidos por terceros que han atentado contra la integridad de la estructura, afectando el ambiente y las comunidades”.
Mongabay Latam se comunicó con la oficina de Pluspetrol internacional, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna respecto a los derrames que se les atribuyen y el estado en que han dejado el Lote 8 en Loreto.
Peruanito: la lenta extinción de sus peces
El apu de la comunidad indígena de Peruanito, Giovanni Sandi, camina entre el follaje de la selva con machete en mano para abrir paso. Avanza acompañado de una comitiva de dirigentes indígenas de Peruanito y Pucacuro, y junto a un grupo de cinco mujeres que lleva masato, una bebida a base de yuca, que ayuda a sobrellevar el hambre cuando hay mucho trabajo. A simple vista no hay señales de contaminación, no se nota el rastro del crudo, incluso hay animales viviendo en esta zona, los indígenas han capturado una tortuga y un añuje en su ruta, que serán la merienda. Pero es más complejo, la Amazonía siempre cubre todo de hojas y raíces, cubre incluso el petróleo, por eso los achuar cavan 20 centímetros con sus machetes y palos, levantan la tierra lodosa y brota el petróleo líquido, se siente de nuevo el olor a grasa y azufre.
“Nosotros venimos luchando desde el 2012 y hasta ahorita no se tiene presupuesto para la remediación. Minem es el responsable, es el que debe definir que se remedien los sitios impactados en Pucacuro y Peruanito. Sí o sí queremos que se empiece este año porque es mucho tiempo, nuestra economía está afectada, nuestros hijos no pueden estudiar, toda nuestra vida está en riesgo”, dice Sandi, apu de la comunidad de Peruanito.
“Cocha Negra está muriendo, ya lo van a ver”, asegura Lizardo Vilchez, uno de los comuneros de Peruanito. “El petróleo ha hecho que se vaya su madre y por eso está desapareciendo”. En la cosmovisión de las comunidades indígenas de la Amazonía, la madre del agua es un espíritu antiguo que cuida de los afluentes y que permite la regeneración de la vida, que provee alimento a los animales y los humanos. En la mirada de los ancianos achuar de la comunidad de Peruanito, la contaminación por el crudo está afectando también a los espíritus, por eso la falta de alimentos, las enfermedades impensadas y el hambre.
El informe de OEFA N° 00069-2021-OEFA/DEAM-SSIM detectó, tras evaluar 9395 hectáreas que incluyen la cocha Negra y sus alrededores, varias alertas de contaminación en algunos puntos destinados al consumo de peces. “Se ha evidenciado iridiscencia y leve olor a hidrocarburos, externamente, en algunos peces analizados”, indica el documento. También establece una calificación de riesgo alto para la salud y el ambiente lo que implica que plantas, animales, peces y agua contienen hidrocarburos. Esos hallazgos fueron enviados a Profonanpe para que este expediente se incluya dentro de los casos priorizados para la remediación.
Mongabay Latam contactó a Profonanpe y respondió que “Los sitios S0312 (cocha Atiliano) y S0312-B (cocha Negra) correspondientes a la cuenca Corrientes en la zona del Lote 8, no se encuentran en la Resolución Ministerial N° 376-2019-MINEM/DM que asigna presupuesto para las acciones de remediación ambiental”. Por otro lado, dijo que ambos sitios están priorizados y en proceso de atención por parte de la Junta de Administración presidida por los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
En esa misma zona evaluada por las entidades estatales, los achuar se sientan a tomar masato y recogen de las palmeras algunos frutos. Los animales como el añuje y el sajino que viven en esta zona boscosa, eventualmente beben el agua contaminada, “es inevitable —dice el apu Giovanni Sandi—, porque tradicionalmente ha sido nuestro lugar de descanso, de donde sacamos recursos para comer, sobre todo cuando no hay de dónde”.
La precariedad es evidente. La comunidad de Peruanito no tiene luz ni agua potable, hubo un tiempo en que Pluspetrol les proveía energía, pero cuando se retiraron del lote, también se cortó el beneficio. Las pocas tiendas que hay en la comunidad venden productos básicos como fideos y arroz, pero cuesta mucho traer mercadería desde el distrito de Trompeteros. No todas las familias tienen embarcaciones o pueden pagar los costos de gasolina que demandan de un gasto de hasta 200 soles.
Los indígenas que viven en Peruanito tienen una cartilla personal de control de metales tóxicos en sangre que les dio la Red Regional de Salud y FECONACO (Federación de Comunidades Nativas del Corrientes). En esta figuran cuatro metales: plomo, arsénico, bario y cromo. Todo está enumerado, separado por colores resaltantes, para alertar al afectado sobre su condición de salud. Pero en Peruanito no hay ni siquiera un puesto de salud, solo una caseta para emergencias con paracetamol e ibuprofeno. Ni siquiera pueden tener vacunas, porque no tienen energía eléctrica, se va el sol, se apaga todo en la comunidad.
“Sabemos que tenemos plomo en la sangre, que es peligroso y no queremos que nuestros hijos se sigan afectando. Somos como cualquier persona, acaso en la ciudad tienen más derechos que nosotros, por eso estamos exigiendo la salud, que es lo importante para vivir tranquilos”, dice Margola Ríos, madre indígena de Peruanito.
La reactivación del Lote 8 y las exigencias de remediación
“No vamos a permitir que ingrese ninguna empresa a nuestros territorios sino se comprometen a remediar el daño causado”, sostiene Juan Montero, presidente de Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), quien participa en reuniones con el Estado y Profonanpe para monitorear el cumplimiento de los pedidos de los pueblos indígenas. Explica que lo importante es que autoridades como el MINEM cedan fondos para iniciar los trabajos de descontaminación porque “hay casos críticos como Cocha Atiliando y Cocha Negra”.
Respecto a los avances de la remediación, Profonanpe respondió a Mongabay Latam que se encuentran trabajando para asegurar que la remediación ambiental cuente con los fondos suficientes. Añadió que la Junta de Administración ha destinado S/ 72.8 millones (US$ 19.7) para la elaboración de estudios ambientales en la zona, que se traduce en los primeros 30 Planes de Rehabilitación y la elaboración de los 13 expedientes técnicos en Corrientes, donde se encuentra Pucacuro y Peruanito, así como el fortalecimiento de las comunidades nativas, entre otras acciones. Los costos por cada proceso de informes, estudios y avances en la remediación le cuestan millones al Estado peruano.
A pesar de la deuda ambiental que tiene el Estado, desde hace un año Perupetro ha empezado a promocionar el Lote 8. Consiguió como socio estratégico a Upland Oil & Gas y antes de firmar el contrato se hizo -por primera vez- un proceso de Consulta Previa con 28 comunidades indígenas de la zona de influencia. A pesar de las tensiones y las largas horas de debate, las comunidades firmaron el Acuerdo final. Los cuatro puntos más importantes eran los referidos al fondo social, la remediación, la salud y la educación.
Las comunidades indígenas del Lote 8 han ido reclamando derechos por la Consulta y la descontaminación por años. Crédito: Patrick Murayari Wesember.
El acta final, firmada el 23 de marzo por representantes de los ministerios de Energía y minas, Cultura, Salud y Educación en el distrito de Trompeteros, indica respecto a la remediación de sitios impactados que garantizan que la empresa asumirá “su responsabilidad de compensación a las comunidades por todas sus actividades que afecten la flora y la fauna de su territorio”. Los indígenas achuar esperan que sea un compromiso real, como lo manifiesta Emerson Mucushua de Pucacuro.
Ante los problemas de salud, saneamiento, la falta de agua potable y la educación deficiente, los pobladores indígenas achuar esperan que el fondo social funcione como una especie de compensación para mejorar la calidad de vida, explica el asesor de FECONACO, Vidal Ccoa. El especialista explica que, finalmente, el acuerdo fue que el 2.5% de las ganancias que percibe la empresa se destinen para el Fondo social. Sólo hay cierta incertidumbre sobre el dinero que finalmente recibirán las comunidades afectadas. Ello, porque el Estado ha garantizado que en la redacción del contrato con Upland Oil & Gas se incluya el 1,5% de forma obligatoria, el otro 1% es ofrecimiento de la empresa, de forma complementaria, explica Vidal Ccoa.
“Es recurso que sería gestionado mediante una Junta de Administración, así las comunidades consultadas toman la decisión sobre qué van a hacer con ese dinero. Si quieren pueden invertir en su local comunal, en salud, en algo productivo”, comenta Vidal Ccoa. Añade que ha sido un logro que el Estado peruano acepte darles ese fondo, pero que esperan que la remediación sea efectiva porque hasta la fecha y después de nueve años de gestiones, reclamos y reuniones burocráticas solo se ha logrado que se avance con la remediación de un punto en la comunidad de José Olaya y en el Lote 192, explica el especialista.
La economista y consultora ambiental, Kelly Alfaro, indica que a pesar de que el Estado cedió un porcentaje de fondos para las comunidades del Lote 8, estaban en capacidad de aportarles hasta un 5% sin afectar las ganancias de las empresas. “Finalmente, el Estado debería asegurar los derechos mínimos como salud, educación, saneamiento, y el fondo podría enfocarse en cambiar la matriz productiva, que no dependan del petróleo en la zona, porque esa veta se va terminar, unos años más y ya no es posible extraer más petróleo”, explica.
En las comunidades de Pucacuro y Peruanito, donde se acumulan las carencias, los pobladores indígenas esperan que los años de lucha por la remediación y la salud tengan resultado. “Han pasado años, las personas más ancianas se han muerto y no han visto que mejore la situación, pero nosotros estamos decididos a cambiar la situación. El petróleo que tanto ha enriquecido a otros, no puede seguir dañándonos. Ya hemos dialogado varias veces con el Estado, saben que seguiremos exigiendo nuestros derechos”, concluye Giovanni Sandi, apu de la comunidad achuar de Peruanito.
(Por: Gloria Alvitres.
Fotos: Patrick Murayari).
