Indígenas kichwas señalan abuso de autoridad por parte del Estado y la empresa Pluspetrol

18 indígenas Kichwas de la cuenca del río Tigre, de las comunidades 12 de Octubre y San Juan de Bartra, catalogan de “injusta y abusiva” una acusación por parte de la 2ª Fiscalía Superior Penal de Loreto basada en una denuncia del año 2008 de la ex operadora del Lote 1AB (hoy 192), Pluspetrol Norte. La cita para iniciar el juicio es el próximo 16 de marzo.
De acuerdo a la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT), las acusaciones del Ministerio Público señalan extorción agravada, secuestro agravado, robo agravado y tenencia ilegal de armas y municiones. Asimismo, se indica que el Estado solicita hasta 31 años de pena privativa de la libertad, además de una reparación civil de más de S/. 500 mil soles.
Ante ello, PUINAMUDT afirma que la imputaciones no solo afectan los derechos fundamentales de los defensores de derechos de las comunidades indígenas, sino que afectan también al estado de derecho, desconociendo el Convenio Nº 169 de la OIT que protege los derechos de las personas que pertenecen a estas comunidades.
Y es que esta organización indígena argumenta que los hechos aludidos por la Fiscalía Superior Penal de Loreto se refiere a actos cometidos en 2008, cuando los comuneros se movilizaron pacíficamente a las instalaciones petroleras por los incumplimientos de convenios sociales suscritos por Pluspetrol, así como otros aspectos de orden salarial.
De acuerdo a Ricardo Canelos, uno de los indígenas implicados en el proceso, los pobladores fueron apresados por las fuerzas especiales de la policía, DIROES, para ser llevados en helicóptero hasta una base petrolera en Nuevo Andoas y ser detenidos de forma ilegal durante una semana, encerrados en un conteiner de la empresa Pluspetrol.
“En Andoas nos han hecho declarar los policías, sin nada de comunicación, sin abogados, nos han golpeado y nos han dicho ‘así tienes que declarar. Han hecho lo que han querido, allí mismo nos han embarrado”, declaró Canelos.
Del mismo modo, Venancio Sandi, otro implicado en el proceso, asegura que en el Perú se abusa de los pobladores indígenas, quienes muchas veces no conocen sus derechos y, por ende, estos son atropellados.
Desde Nuevo Andoas, los indígenas aseguran que fueron trasladados vía aérea hasta Nauta, donde estuvieron varios días para iniciar las gestiones fiscales. En Nauta, reconocen que algunos regresaron a sus comunidades, pero 4 pobladores kichwas fueron tomados prisioneros y llevados al Penal de Huayabamba, en Iquitos.
Venancio Sandi, Ricardo Canelos, Emerson Sandi Rodríguez y Leonardo Reyez Ushihua, aseguran fueron apresados y sometidos a más de 12 meses de reclusión en Huayabamba, todo esto sin contar con la efectiva defensa legal. Lo que, de acuerdo al comunicado de PUINAMUDT, representa una grave vulneración de sus derechos y violación del artículo 10º del Convenio 169 de la OIT.
“No era justo, creo que era el secretario del fiscal el que en la cárcel nos llevaban un grueso de hojas, que nos decían que debemos firmar, yo no sabía ni leer esos documentos”, recuerda Canelos.
Por su parte, Venancio Sandi manifiesta que ellos únicamente reclamaban mayores derechos para la explotación petrolera, pues consideran que esta actividad se lleva a cabo sin tener en cuenta su coexistencia con los pueblos indígenas.
“Nosotros solamente reclamábamos derechos por la explotación petrolera que se hace sin valorar a los que vivimos en ese lugar. Hemos tenido que empezar a asesorarnos para que el Estado recién nos responda por los daños; y ahora nos responde así, de mala fe, enjuiciándonos”, comenta Sandi. (A. Padilla)