No nos engañemos. Pese a que las pérdidas económicas en el Perú se han reducido en materia de corrupción, si se las compara con los escandalosos forados perpetrados durante el fujimontesinismo, el monto del dinero que se evapora del erario nacional aún es elevado: entre seis y ocho mil millones de soles al año, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República.
Lo más grave es que ese forado probablemente siga creciendo y los fondos escurriéndose de las manos del Estado, mientras no se erradiquen las malas prácticas que promueven la corrupción y que se hallan enquistadas en la administración pública.
Una salida a esta situación calamitosa y delictiva es la reforma del Estado que ningún gobierno ha querido asumir o, como ha solicitado el contralor iniciar una reingeniería del Estado para establecer la carrera pública, poner candados seguros a los robos que se perpetran en perjuicio del país a través de las adquisiciones públicas, proyectos de inversión, etc. Hoy todo está hecho para burlar la ley, corromper y ser corrompidos.
Medidas alternativas a esta reforma del aparato estatal, como el nombramiento de zares anticorrupción o comisiones especiales de alto nivel, como la creada recientemente por el actual gobierno, han fracasado antes de empezar porque, entre otras razones, no hubo un apoyo gubernamental explícito para formular una estrategia anticorrupción efectiva y eficiente.
En cuanto a la sanción tampoco hay avances y la impunidad le sigue ganando la guerra a la justicia, porque si nadie es castigado por sus corruptelas, otros siguen el mismo camino. Sin duda, esta salida va más allá del Ejecutivo. Demanda el compromiso y la participación de todos los sectores, del Poder Judicial, el Ministerio Público y del Congreso, de los alcaldes y presidentes regionales, de la sociedad civil y el sector privado. Por ejemplo, nada se ha hecho aun para que los delitos de corrupción en la función pública no prescriban o para que los portales de transparencia sean actualizados de manera obligatoria bajo riesgo de sanción. Qué decir de los funcionarios públicos o de los congresistas que mienten descaradamente a la hora de hacer su declaración de bienes (y luego tienen que ser sancionados de manera escandalosa por la Comisión de Ética del Parlamento).
No obstante, el Ejecutivo tiene que liderar la estrategia global contra este delito, de la misma manera que ha asumido la lucha frontal contra la inseguridad y la delincuencia común.
