- Directiva kukama sostuvo reuniones con la ANA, el Congreso y la Defensoría del Pueblo para supervisar la ejecución del fallo.
En el marco de la ejecución de la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto, que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos y ordena a Petroperú realizar el mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano, la directiva de la Organización de Mujeres Kukamas Huaynakana Kamatahuara Kana sostuvo una serie de reuniones clave en Lima con instituciones responsables de ejecutar este histórico fallo judicial. La delegación kukama llegó con el objetivo de verificar avances y exigir acciones reales por parte del Estado.
A través de la línea telefónica, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molleda, explicó que una sentencia “no es para ponerla en un cuadro y colgarla en la pared”, sino para ser cumplida sin dilación. Recordó que la decisión judicial contiene mandatos específicos como la creación del Consejo de Cuenca del Marañón, la actualización del instrumento de gestión ambiental y el mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano a cargo de Petroperú, obligaciones que no pueden postergarse.
Durante la reunión con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los representantes informaron que el convenio de asistencia técnica para el Gobierno Regional de Loreto ya se encuentra listo. Según Ruiz Molleda, ahora corresponde al Gobierno Regional firmar el documento para iniciar formalmente la conformación del Consejo de Cuenca, instancia fundamental para garantizar participación, fiscalización y gestión integral del agua en el ámbito del río Marañón.
El abogado del IDL añadió que también se reunieron con la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso y con los adjuntos de Medio Ambiente y de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones, precisó, tienen la obligación de supervisar y acompañar la ejecución del fallo. “No se trata de si las instituciones están de buen humor o si hay afinidad política; se trata de cumplir una sentencia judicial”, recalcó.
Ruiz Molleda recordó que el incumplimiento de un mandato judicial puede generar consecuencias severas como multas coercitivas, retención de parte del salario de los funcionarios e incluso procesos penales por omisión de deberes y resistencia a la autoridad. Indicó que estos mecanismos deben activarse si alguna institución se rehúsa a ejecutar lo dispuesto por la Corte, pues los plazos ya están corriendo.
Asimismo, el representante del IDL subrayó que Petroperú está obligada a cumplir con la sentencia, recordando que en procesos anteriores, incluyendo pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del OEFA, la propia empresa reconoció que su mantenimiento del oleoducto “ha sido tardío e ineficaz”, sin enfoque integral. También informó que en las próximas horas Huaynakana sostendrá una reunión con el Ministerio de Vivienda para revisar las fallas de las plantas de agua instaladas en comunidades del bajo Marañón, algunas vinculadas a malos diseños y presuntos actos de corrupción.
Finalmente, Ruiz Molleda calificó el fallo del río Marañón como un precedente histórico para la defensa del agua en el Perú y en América Latina, seguido ya por organizaciones de otras regiones como un modelo de litigio estratégico. Para las mujeres kukamas de Huaynakana Kamatahuara Kana, la defensa del río, reconocido ahora como titular de derechos, es una lucha por la vida, el territorio y la supervivencia cultural de sus pueblos, y esperan que esta vez el Estado cumpla sin excusas ni retrasos. (k. Rodriguez)
