- En el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a las 6:00 p.m.
- Se entregarán ejemplares de manera gratuita.
En la introducción de su notable Historia de los Límites del Perú, Raúl Porras Barrenechea nos recuerda que la Patria es la tierra de nuestros padres; es también la de nuestros hijos. Sobre esta tierra ha crecido una historia, intransferible, a la que hemos de ser fieles. Por ello se nos presenta la patria como una misión y una tarea, una gran tarea en común. La Patria es nuestra tierra.
Esta obra escrita originalmente como material de estudio escolar y universitario, fue enriquecido progresivamente a lo largo de los años, convirtiéndose en una fuente rigurosa, breve y concisa, sobre la historia de los límites de nuestro país, cuya configuración fue construyéndose a lo largo de los siglos, con avances y retrocesos geopolíticos, como toda gran obra humana.
La historia del territorio que hoy se conoce como la Amazonía del Perú tiene sus singularidades que la distinguen de otras partes del país. Hasta 1717 formó parte del vasto territorio que formalmente pertenecía al Virreynato del Perú. Al crearse en dicho año el Virreynato de Nueva Granada con su capital la ciudad de Bogotá (actual Colombia), la administración del territorio le fue transferido a este nuevo Virreynato, donde permaneció hasta la expedición de la Real Cédula del 15 de julio de 1802, que lo restituía al Virreynato del Perú.
Debemos recordar que España era un imperio católico, y las Órdenes religiosas, que también le daban soporte, servían como instrumentos de evangelización y civilización occidental en los territorios “desconocidos” o poblados por comunidades indígenas, a quienes llamaban “gentiles”. Estas Órdenes recibían autoridad plena para la administración territorial y el gobierno de las “misiones” o “reducciones” que se constituían con la población nativa.
En el caso de los territorios afincados en las cuencas de los ríos Napo, Putumayo y Caquetá, fueron los Franciscanos, Jesuitas y Mercedarios quienes compartieron jurisdicción eclesial en áreas que no siempre estaban suficientemente delimitadas y que en ocasiones se superponían, generando tensiones. Estas Órdenes religiosas pertenecían a los obispados de Quito y Papayán, respectivamente, esto es, al Virreynato de Nueva Granada.
Con la expulsión de los Jesuitas de estos territorios, en cumplimiento de la “Pragmática”, dictada en 1767 el rey de España Carlos III, fueron los Franciscanos los que asumieron jurisdicción hasta 1802, en que se expidió la precitada Real Cédula.
TIEMPO DE REVOLUCIONES E INDEPENDENCIAS
Los profundos cambios ideológicos, políticos y geopolíticos que vivió el mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX (Independencia de los EEUU, Revolución Francesa, surgimiento de Inglaterra como potencia global, las Guerras Napoleónicas en Europa, la ocupación de España por Napoleón Bonaparte, las Guerras de Independencia Hispano-americanas, etc.), generaron un contexto de “desorden” internacional y gran debilitamiento de las monarquías absolutistas en Europa.
En España, destruida su Armada por los ingleses en la batalla de Trafalgar (1805), y producida la ocupación de su territorio por las tropas napoleónicas en 1808, imponiéndose a José Bonaparte como nuevo rey (en reemplazo de los cautivos Carlos IV, y su hijo Fernando II), se dio inicio a una feroz guerra de resistencia al interior de su territorio, que concluyó con la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo y la restauración de la monarquía absolutista en España, bajo el liderazgo del rey Fernando II.
Durante dicho período (1808-1814), en España se produjo un vacío de poder, que incluía sus dominios coloniales, favoreciéndose el proceso independentista en América, primero con la formación de las llamadas “Juntas de Gobierno”, que reconocían temporalmente la monarquía hispana, para luego evolucionar hacia Juntas de Gobierno Revolucionarias que gestaron la Independencia Americana.
Las primeras Juntas de Gobierno se instalaron en La Paz y Quito en 1809, y fueron seguidas por Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Santiago en 1810. Lo que siguió fue una larga guerra independentista, que terminó con la Capitulación de Ayacucho.
El Virreynato del Perú (Lima), fue el centro de la dominación hispana en América del Sur, ello explica que las batallas finales por la independencia en esta parte de América se libraran en territorio peruano: Junín y Ayacucho, bajo el liderazgo de Simón Bolívar.
El Perú quedó devastado por esta larga guerra, en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y militar.
Constituida la República y consolidada la Independencia en la Batalla de Ayacucho (1824), Simón Bolívar continuó gobernando el Perú con amplios poderes. En 1826 se elaboró una nueva Constitución Política a su medida, pomposamente llamada “Vitalicia”, misma que fue derogada luego de su salida del Perú en setiembre de 1826. Su gran proyecto: la Gran Colombia, en la que el Perú era un socio subordinado, comenzaba a colapsar.
Conocedor de que el Perú había rechazado su proyecto supranacional y encontrarnos en una calamitosa situación, Bolívar nos declaró la guerra el 15 de julio de 1828. Su principal demanda era la invalidez de la Real Cédula de 1802 y el consecuente reconocimiento de los territorios amazónicos como parte de la Gran Colombia. Esta fue la primera guerra declarada a nuestra naciente República.
El Mariscal José de la Mar, primer presidente Constitucional del Perú, organizó un ejército para enfrentar el desafío. Esta guerra terminó en un armisticio que mantuvo el statu quo territorial. Luego siguió el colapso del Proyecto Bolivariano, que culminó con el nacimiento de tres nuevas Repúblicas: Venezuela, Colombia y Ecuador. Las dos últimas, mantuvieron sus demandas territoriales con el Perú a lo largo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Con Ecuador el conflicto se prolongó hasta 1998, en que se suscribió el tratado de Itamarati.
LA HERENCIA DEL PUTUMAYO
La guerra con Chile (1879 – 1883), fue devastadora para el Perú, como se reconoce ampliamente. El período de reconstrucción nacional fue muy doloroso. El Perú había cedido el rico Departamento de Tarapacá, y las provincias de Arica y Tacna se encontraban ocupadas por el invasor chileno, pendientes de un plebiscito pactado en el Tratado de Ancón de 1883. Esta consulta plebiscitaria no llegó a realizarse por complejos factores ampliamente estudiados.
El Perú se encontraba en condiciones de extrema debilidad defensiva cuando se presentaron las demandas para delimitar fronteras con los países vecinos. Durante el gobierno del General Andrés Avelino Cáceres, en 1890, se firmó el Tratado García-Herrera por el que se entregaba los territorios amazónicos exigidos por el Ecuador, incluyendo las ciudades de Iquitos y Nauta.
Gracias a la firme oposición de los doce (12) congresistas loretanos, a los que se sumaron representantes de otras partes del país, el Tratado no fue ratificado por el Congreso del Perú, proponiéndose modificaciones para preservar la peruanidad de Iquitos y Nauta. Las modificaciones incorporadas fueron rechazadas por el Congreso ecuatoriano de la época.
Esta situación llevó a someter el caso al arbitraje del rey de España Alfonso XIII. En este proceso Colombia solicitó ser incorporado a la litis territorial; lo que fue aceptado por Perú y Ecuador. Entre 1903 y 1904, se dieron numerosos choques armados entre ambos países; entre ellos: Angoteros y Torres Causana.
También se exacerbaron las animosidades entre Perú y Colombia por los territorios ubicados entre los ríos Putumayo y Caquetá. Se acordó someter el litigio al arbitraje del Papa Pio IX, quien en 1906 dispuso un Statu Quo, por el cual ambos países debían de abstenerse de intervenir en este territorio hasta el término del arbitraje. Esto agravó la posición geopolítica del Perú.
El año 1910, la situación internacional del Perú era de extrema gravedad. El arbitraje del Rey de España estaba próximo a dictarse y en lo fundamental concordaba con las modificaciones que había propuesto al Congreso peruano al Tratado de 1890. Iquitos y Nauta permanecían en el Perú; empero se reconocían como pertenecientes al Ecuador más de 150,000 km2, que hoy forman parte de las provincias de Datem del Marañón, Loreto – Nauta y Maynas (ver mapa). Por el lado de la frontera con Colombia el proyecto del fallo arbitral del rey español, reconocía como parte de ese país ambos lados de la cuenca del río Putumayo, hasta parte del río Napo inclusive (ver mapa); comprendiendo territorios que actualmente forman parte de las provincias del Putumayo, Maynas y Ramón Castilla, respectivamente. A criterio del árbitro español, el fallo se fundaba en razones de derecho y equidad.
Conocedor del referido Proyecto del Arbitraje del rey español, el Ecuador expresó su rechazo, pues no satisfacía plenamente las pretensiones territoriales originarias, esto es, que sus límites llegaran al río Amazonas, incluyendo Iquitos y Nauta. Hubieron manifestaciones violentas en Quito y Guayaquil, apedreándose el Consulado, arrastrándose y quemándose la bandera y el escudo peruanos. El fallo arbitral no llegó a producirse.
La situación con Colombia no era diferente. Colombia y Ecuador habían suscrito un Tratado de defensa mutua en caso de guerra.
En 1911 hubo un choque armando entre Perú y Colombia por el río Caquetá cerca de “La Chorrera”. El destacamento militar peruano fue atacado por tropas colombianas. El desenlace fue favorable al Perú. Dirigía las tropas el entonces Comandante EP Oscar R. Benavides, quien tiempo después ejerció en dos periodos la Presidencia del Perú.
En 1916 Colombia y Ecuador suscribieron un tratado de límites donde se repartían la Amazonía del Perú. Este tratado fue aprobado por los Congresos de ambos países el mismo año.
LA “FIEBRE DEL CAUCHO” Y LOS SUCESOS O “CRÍMENES” DEL PUTUMAYO
El período llamado de la Fiebre del Caucho en el Perú, comprenden los años que van entre 1880 y 1914, aproximadamente. Fue un período de crecimiento económico y poblacional de diversos centros urbanos creados en siglos anteriores durante la labor evangelizadora y civilizadora de las “Reducciones” jesuíticas y “Misiones” franciscanas. De este período surgen a la vida política nacional muchas de las actuales provincias y distritos de Loreto.
El aporte económico de la Amazonía a la recuperación del país, durante y después de la guerra con Chile, fueron decisivos. Por esta razón el gran historiador peruano Jorge Basadre otorgó a Iquitos el título honorífico de: “Ciudad de la República”.
Empero, también en este período durante los años 1907 – 1914, se desató una feroz campaña internacional contra los empresarios caucheros peruanos, particularmente contra Julio César Arana, a quien achacaron horrendos crímenes cometidos contra la población nativa del Putumayo y el Caquetá.
Para conocimiento de las nuevas generaciones loretanas, cabe resaltar que Julio C. Arana es una notable figura pública de la Amazonía del Perú, demonizada e incomprendida, de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Seguramente en el futuro su imagen será revalorada y contextualizada en el tiempo que le toco vivir, esto es, un escenario de extremo peligro para los intereses geopolíticos del Perú de la época.
Una breve síntesis del caso Arana: Se le incriminaba ser responsable de grandes crímenes contra etnias nativas que poblaban territorios ubicados entre los márgenes de los ríos Caquetá y Putumayo. Sus detractores estimaban en aproximadamente 30,000 víctimas indígenas, cuyas muertes se produjeron en forma horrenda y sistemática, dentro del área de sus concesiones territoriales.
Sobre el caso se han escrito ríos de tinta por escritores serios, así como por charlatanes. También se hicieron novelas truculentas como la colombiana La Vorágine (1924), de José Eustasio Rivera, agente del gobierno colombiano, pagado para denostar contra los intereses peruanos. Este escritor reportaba periódicamente a dicho gobierno sobre el avance de su “trabajo” para recibir su estipendio; lo que está ampliamente acreditado.
También debe resaltarse el llamado Libro Azul Británico elaborado por el Comisionado de la Corona Inglesa Sir Roger Casement, quien se desempeñaba como Cónsul ingles en Belén do Pará (Brasil).
El Informe de este personaje está plagado de relatos salidos de su febril imaginación, procurando revivir su experiencia en el Congo africano; señalando hechos no comprobados (como los miles de muertes de nativos), para consignarlos como si lo fueran. En realidad, su trabajo se sustenta en dichos de súbditos barbadenses (semi esclavos, descendientes de esclavos traídos de África, que trabajan en plantaciones de caña de azúcar británicas), que fueron reclutados en la Colonia Inglesa de Barbados para cubrir la falta de mano de obra para cumplir tareas de seguridad en el área de explotación (en el Putumayo) de la empresa Peruvian Amazon Rubber Company. Esta empresa fue constituida en 1907 en Londres y Nueva York. A estos súbditos analfabetos les fueron atribuidos todo el imaginado retrato de barbarie construido por Casement para denostar los intereses peruanos.
El alegato presentado por Julio C. Arana, en la investigación abierta por el Parlamento inglés por los presuntos crímenes cometidos en el Putumayo, desmentía detalladamente cada una de las acusaciones y revela el complot urdido contra el Perú en un escenario de grave peligro para el interés geopolítico nacional.
LAS CUESTIONES DEL PUTUMAYO
Bajo este título, Julio C. Arana publicó en 1913, su defensa hecha ante la Cámara de las Comunas inglesa en la Investigación abierta por los presuntos “crímenes” cometidos contra la población nativa de la cuenca del Putumayo.
Los cargos que se le atribuían obedecían a múltiples factores de orden geopolítico, económico, de competencia comercial, entre otros.
La lectura de este trabajo contribuirá a tener una visión más amplia sobre un período de la vida nacional extremadamente complejo, según tenemos expresado.
El texto que reproducimos para conocimiento de nuestros amables lectores, fue publicado en la ciudad de Barcelona, España, el año de 1913. Ha pasado más de un siglo desde entonces, pero el estudio y comprensión de este período aún continúan.
Aristóteles Álvarez López
