-Fernando Meléndez, contador público colegiado
Ante la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, encontramos a Fernando Meléndez Zumaeta, quien es contador público colegiado, defendiendo su derecho fundamental como persona humana y como ciudadano peruano.
Según sus declaraciones, el gobierno regional de Loreto viene atropellando los derechos de todo el pueblo loretano al comprometer de manera abusiva e ilegal los recursos del Canon Petrolero que perciben todas las municipalidades con el cual atienden las necesidades básicas de sus respectivos pueblos. Hecho que origina la ingobernabilidad. El canon petrolero es fuente de financiamiento de los proyectos de inversión pública para mejorar las precarias condiciones de vida en que se encuentran los pobladores loretanos, especialmente en las zonas urbano-marginales, en las zonas ribereñas y en las comunidades indígenas.
«Con el pretexto de financiar una obra de alcantarillado de aguas servidas que beneficia sólo a Iquitos, el recorte que sufren las municipalidades que se encuentran ubicadas en el mapa de pobreza y pobreza extrema, ha ocasionado que el año 2009 sólo perciban el 50% de su presupuesto por concepto de canon petrolero y en este año 2010 continúa ese descuento; esta situación ha perjudicado directamente a todos las pobladores de Loreto, porque más de la mitad de los proyectos priorizados no fueron ejecutados; es decir, el poblador rural, el poblador urbano marginal y nuestros indígenas han sido condenados a la postergación y al olvido una vez más; pero una cosa debe quedar claro, no nos oponemos a la ejecución de obra alguna, saludamos todo esfuerzo, pero que se hagan bien».
Fernando Meléndez Zumaeta indica que actitudes como ésta, «son propias de gobernantes autoritarios y mediocres cegados por la soberbia, olvidándose que los recursos del Estado deben orientarse prioritariamente hacia los más pobres de nuestra patria, sin buscar réditos electorales».
Señala que por estas razones se ha presentado como un ciudadano común y corriente, ante el Poder Judicial amparado en el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado, que consagra: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y, el artículo 2º numeral 2.: Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley…
«Resulta que el gobierno nacional que preside Alan García, no sólo se olvidó de Loreto, sino que además nos fríe con nuestra misma manteca; para él, los amazónicos somos ciudadanos de segunda categoría, su gobierno financia obras en la sierra y en la costa con el 100% del presupuesto y a nosotros nos quita nuestro canon petrolero, después de habernos ofrecido aumentarlo del 10 al 15% en su gobierno, teniendo como aliado para este propósito desleal al presidente regional. Qué ironía, en vez de defender a su pueblo que dos oportunidades le brindo su confianza».
Es por ello que se hace preguntas como: ¿Es justo que el Poder Judicial declare improcedente el recurso de un ciudadano que sólo busca el respeto a sus derechos?, ¿No es justo que un ciudadano reclame respeto a la autonomía municipal, a la autonomía universitaria y a la autonomía del IIAP? ¿No es justo que un ciudadano exija el respeto a la Constitución y al orden jurídico nacional?
¿Acaso en injusto que un ciudadano salga al frente en defensa del orden constitucional?, o ¿Seguimos viviendo en la época de las cavernas en donde el más fuerte, o el más fiero abusa del débil y del desprotegido?. La historia dará la razón a quien lo tiene y ella misma juzgará y acusará a aquellos que mantienen un silencio cómplice y están dormidos en la paz de su inconsciencia. (MIP)
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