Sorpresa e indignación comprensible, han creado en el país, la utilización de lo que podría llamarse falsos partidos, dado a que grupúsculos que se inscribieron hace algunos años en el Jurado Nacional de Elecciones, mantienen vigente su presencia en los padrones del ente electoral, pese a que luego de su inscripción, jamás volvieron a incursionar en política, salvo cuando prestaban el nombre del partido para que fulano de tal postule a un cargo en la estructura nacional.
Al margen de la identificación de quién creó un partido político y lo inscribió en el JNE, siempre lo usó para dar sustento a la candidatura de personas ajenas a dicho engendro, existe el agravante de que el «dueño» del citado partido nunca cumplió con las exigencias que rigen para mantener incólume a un partido político.
Por ejemplo, la ley estipula que los partidos durante su vigencia deberán constituir 65 comités correspondientes a un tercio de las provincias vigentes. Cada comité deberá contar con 50 afiliados. Tal obligación nunca fue cumplida por el partido que hoy nos ocupa, sin embargo su «dueño» lo prestaba, por decirlo de alguna manera a cualquier candidato que tuviera ambiciones políticas.
Por otra parte la misma ley expresa que los movimientos regionales, para mantener su vigencia, requieren de comités locales que equivalgan al 50 % de provincias que compongan el departamento. Además de todo esto, el JNE pide el cumplimiento de requisitos insoslayables como actas, estatutos, firmas y otros.
En el colmo de la estulticia, el partido a que aludimos, además de nunca cumplir con los requisitos establecidos, ahora es soporte de un candidato del Callao a la alcaldía de Lima, pese a que los locales que señala dicho partido como sede de sus comités, son negocios de diversos rubros, entre los figuran peluquerías, bodegas y tiendas diversas.
Para nadie es un secreto que la mayoría de partidos en el Perú, incumplen las reglas que rigen la vida de los partidos políticos; y lo peor es que la ley no señala penalidades por tales fracturas a lo que indiscutiblemente es una infracción punible, un desacato, pues la ley no contempla penalidades para tales burlas a la ciudadanía. Para evitar tal estado de cosas, sólo queda esperar que el Poder Judicial apruebe el proyecto de ley que el JNE ha enviado al Congreso de la República.
