¿Hasta cuándo?

El tema sobre lo que sufren jóvenes soldados en el interior de los cuarteles del Ejército, que es lo que más trasciende de entre las tres armadas del país, no está teniendo una respuesta efectiva por parte de las autoridades correspondientes en defensa de la población civil.
Si bien los jóvenes que ingresan voluntariamente al servicio militar en el Ejército, al firmar un documento interno se someten a las reglas de esta milicia, son sus padres, madres, hermanos y otros familiares que piden, suplican, que se vea la forma de corregir lo que internamente sucede con sus hijos e hijas.
Estamos plenamente seguros que si el hijo e hija de un personaje de la política nacional o ciudadano solvente económicamente, hubiera decido hacer su servicio militar y denuncia atropellos, sería motivo de escándalo en medios de comunicación hasta nacionales, y capaz que autoridades de la PCM, de Palacio, del Congreso y de algún Ministerio, estarían dando atención inmediata.
Pero, se trata de humildes jóvenes, en su mayoría de la zona rural que ven en el servicio militar una puerta que se abre a su vida, a un mejor futuro, para apoyar a sus familias, para aprender un oficio, hasta para quedarse en el sector con un sueldo que les permita vivir mejor, ellos y ellas y sus esperanzas, y con el casi nulo poder social, sólo tienen que aguantar.
Ese aguante no tiene la misma resistencia entre todos, y varios ya han encontrado la muerte, otros salen con traumas, con lesiones físicas y psicológicas, pero, sus familiares no tienen el dinero suficiente para pagar abogados y defenderse, tampoco las autoridades civiles se comprometen de verdad y dentro de la formalidad, a apoyarles y hacer respetar los derechos de estos hijos e hijas de la región.
Duele haber escuchado alguna vez que, ante una irregular liquidación al terminar el servicio, recibiendo mucho menos de lo que les indicaron al empezar, prefieren perderlo porque por fin ya son libres, ya están afuera de esos muros crueles donde se imparte hasta con sutiles y explícitas amenazas, que de hablar les puede ir peor.
Ingresar es muy fácil con muchas promesas e ilusiones, pero si él o la joven desean retirarse de la misma forma voluntaria como ingresaron, antes de cumplirse los dos años del servicio, existe todo un reglamento “tramposo” que hace casi imposible el retiro, y tienen que soportar, pero no todos porque también hay quienes se escapan, quedan registrados como “desertores” con penalidades, que es un castigo más.
¿Por qué las renuncias no tienen las mismas facilidades que el ingreso? Si no cubren las expectativas de los voluntarios, ¿Por qué se les tiene que retener de forma obligada? Si las autoridades civiles no pueden o no quieren hacer suyo este reclamo de la civilidad, se hace necesario llamar la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nuestra juventud humilde de Loreto que se sienta atropellada, debe tener defensores.