Bajo una ligera llovizna un buen número de moradores gritaban «libertad» con el convencimiento de que lo sucedido el lunes en la localidad de Santo Tomás fue en defensa propia. Ajenos a lo que las leyes de nuestro país señalan, respecto a esos actos repentinos, violentos, traicioneros a la razón en esos instantes de furia que al registrarse en una cámara de vídeo y en la memoria fotográfica evidencian varios delitos, seguían arengando a favor de sus vecinos frente a la sede de la Corte de Loreto.
Mientras en la Sala de Audiencias, los detenidos visiblemente nerviosos y arrepentidos, como dijo el abogado de la defensa, quizá no podían creer que una evidencia fílmica se opone a sus deseos de recuperar la plena libertad, ahora recortada por nueve meses a solicitud de la Quinta Fiscalía Penal de Maynas para el proceso de investigación sin que esta se entorpezca. Y que al final de este proceso de sentencias será mayor a los cuatro años de pena privativa de la libertad.
Cómo decirles a los moradores de Santo Tomás que estuvieron al frente de la sede de la Corte que las Leyes en nuestro país y región se deben aplicar para evitar desmanes, quién les puede exponer que la toma de terrenos al «jaque» es una práctica que debe erradicarse, más aún cuando la situación legal de los mismos no está esclarecido o en un proceso de reversión por el sector agrario como argumentan.
Al margen de la decisión final de quienes administran justicia, es sumamente importante que los ciudadanos (as) busquemos mecanismos legales para conseguir un terreno que permita «levantar nuestro tambo», la ansiada vivienda propia sin atropellar el derecho de un tercero. De su parte, las autoridades ediles, agrarias, territoriales, responsables del plan de expansión urbana de la ciudad, tienen que trabajar en la búsqueda de esos espacios para la habilitación urbanística y presentárselo a quienes lo necesiten, no solamente para evitar invasiones muchas veces alentadas por «avivatos», sino en aras del crecimiento ordenado y pacífico. (D.López)
