Gobierno regional logra nuevo triunfo legal ante empresa china por la PTAR-alcantarillado

Durante la actual gestión regional se ha reconducido los arbitrajes contra la empresa china CWE y a consecuencia de ello fue una primera victoria en el Laudo Arbitral de fecha 20-12-2019, sobre el Lote N° 02 (iniciado por la CWE contra OPIP), donde se obliga a la empresa CWE a reparar la totalidad de defectos del Sistema del Alcantarillado, siendo notificados en su oportunidad por la OPIPP lo cual se encuentra en trámites administrativos para dar cumplimiento a la ejecución del Laudo arbitral de acuerdo a ley.
Continuando con una responsable defensa en favor del Estado, con fecha 14-02-2020, OPIPP fue notificado con el Laudo Arbitral Parcial del Lote N° 01, que es el segundo proceso arbitral que tiene el GOREL con la empresa china; a diferencia del primer caso, este segundo proceso fue iniciado por OPIPP, donde -entre otras cosas- se exige el pago de indemnizaciones, ejecución de partidas no concluidas y reparación integral de la PTAR y estaciones de bombeo.
La empresa CWE presentó oposición a la demanda arbitral y excepción de caducidad contra las pretensiones de la demanda de OPIPP, intentando validar las ilegalidades e irregularidades en el proceso de recepción del Lote 1 y posterior entrega de cartas fianzas en el mes de diciembre del 2014, hecho considerado por OPIPP como arbitrario y lesivo para los intereses de la región, tras la ejecución de esta controvertida obra.
En este Laudo Arbitral Parcial, el Tribunal da la razón a OPIPP, es decir, un nuevo triunfo para la actual gestión del Gobierno Regional que viene ejerciendo responsablemente la defensa de los intereses del Estado; pues, ahora el Tribunal podrá resolver el fondo de lo reclamado, sobre pago de indemnización, reparaciones, ejecución de obligaciones pendientes, entre otras pretensiones planteadas en su oportunidad.
Es así que, a partir de este momento, de acuerdo a las cláusulas del contrato, el tribunal arbitral ha establecido que el mismo se encuentra en vigencia, independientemente de la aparente liquidación desarrollada en anteriores gestiones.
De esta manera, la actual gestión regional garantiza a la población un manejo transparente de los recursos y bienes del Estado, siempre en defensa de los intereses de la región.