-Abog. Jorge Tacuri Aragón, asesor Feconat y Fediquep
-Del 25 al 27 de abril habrá asamblea al lado de la PCM y el gobierno regional.
-Resalta que el gobierno haya permitido intervengan los organismos competentes en una zona con impactos sociales y ambientales.
Que por muchos años otros gobiernos coludidos han pretendido ocultar y así seguir perjudicando a los pueblos indígenas de dicha zona. Sobre el tema y la Consulta Previa del Lote 192, se pronunció el asesor legal de Feconat y Fediquep, Abog. Jorge Tacuri.
¿Cómo van las acciones del Estado sobre la declaratoria de emergencia ambiental en la cuenca del Pastaza?
-A diferencia de los regímenes de Toledo y García que apostaron por la impunidad ambiental en esta zona para beneficiar la empresa petrolera, el gobierno de Humala al declarar la emergencia ambiental ha dado un paso importante haciendo intervenir a los organismos competentes en una zona con impactos sociales y ambientales donde muchos intereses y un Estado coludido han pretendido ocultar.
Debe reconocerse que esta decisión obedece a las acciones de movilización e incidencia que realizó la Federación de Indígenas Quechas del Pastaza – Fediquep que junto a las otras federaciones como Feconat del Tigre, Feconaco del Corrientes y Acodecospat del Marañon, han sabido poner en la agenda del Estado la situación de 40 años de contaminación ambiental. Ellos han logrado llevar al Estado a esa zona y hoy se puede ver la magnitud de los impactos.
En cuanto a las acciones del Estado en el marco de la emergencia se debe tener en cuenta que la Resolución Ministerial 094-2013 se dio ante la gravedad y riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales en una zona afectada por más de 40 años de contaminación. En este sentido los días 25 al 27 de abril del presente mes se realizará una asamblea de las comunidades del Pastaza con el GOREL y la PCM donde el Estado será interpelado por los indígenas sobre las acciones que se viene realizando en el marco de la emergencia ambiental.
Ya se cumplió un mes y deben verse los avances; por ejemplo se ha establecido un plazo de 60 días para la elaboración de un plan para tratamiento del agua; 90 días para el diagnóstico e infraestructura de agua para 27 comunidades, vigencia sanitaria de agua de consumo humano, identificación de zonas impactadas a cargo de la OEFA, aprobación y presentación de planes de abandono, supervisión de los compromisos ambientales, estudios epidemiológicos. Sobre todo, 30 días para que la Pluspetrol informe de los sitios impactados y rehabilitados, impactados y no rehabilitados, los sitios impactados y no identificados. Será una asamblea importante que para esta federación es un pedido previo al inicio del proceso de Consulta.
¿Germán Jiménez, gerente general de la Pluspetrol, en una entrevista de alcance nacional, el 09 de abril ha señalado que los pasivos ambientales son los que ha dejado la anterior operadora, como evalúan esto ustedes?
-Este argumento de responsabilizar a las anteriores operadoras como OXY y Petroperú no es nuevo, cada vez que las comunidades han reclamado por los pasivos la respuesta ha sido decir que fueron los anteriores, ahora lo dicen a la opinión pública nacional para responder a lo que todos hemos visto por medio de un reportaje de televisión; aquí está en marcha parte de su estrategia para no responder por la contaminación y llegará el momento en que los organismo supervisores como OEFA y otros lo determinen.
Así como las investigaciones que se han abierto por los crímenes ambientales a cargo de dos fiscalías especializadas en delitos ambientales y el proceso penal por el delito de salud pública que desde el 2006 se viene ventilando en el Juzgado Mixto de Nauta. Aquí tendrán que intervenir peritos para establecer la naturaleza real de los pasivos y a quién se le debe atribuir. Pero las cosas están claras, hay responsabilidad de Pluspetrol y de acuerdo al contrato de concesión se puede establecer responsabilidad por vía del incumplimiento porque el Estado no concesionó para que se contamine; asimismo, por medio de la Ley de pasivos ambientales que establece la responsabilidad que debe ser asumida por la última operadora.
¿Usted menciona que hay casos por crímenes ambientales, a que se refiere y qué hechos se están investigando?
-En el mes noviembre del 2012 las federaciones presentan a la Fiscalía de la Nación el informe del Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos Indignas del Congreso de la República, suscrita por los congresistas Verónica Mendoza, Marisol Pérez Tello, Eduardo Nayap y Leonardo Inga, donde se detallan algunas zonas de contaminación. Este informe generó que la Fiscalía Ambiental de Nauta abriera investigación por los pasivos en la zona de cuenca del Tigre y Corrientes y la Fiscalía de Maynas por la contaminación del Pastaza. Ellos han ordenado se realicen diversos actos de investigación como solicitar a la PCM que envíen los informes que sustentan la declaratoria de emergencia ambiental de la zona.
Asimismo, hay un proceso penal abierto desde año 2006 que a la fecha sigue en etapa de investigación, en este caso hace dos semanas se ha dispuesto citar a los principales integrantes del directorio de Pluspetrol a que respondan como testigos ante la justicia y estamos hablando de personajes que se encuentran en el extranjero como por ejemplo a famoso petrolero Steven Cronwell que fue parte de OXY y Plus. Esperamos que estas acciones acaben con la impunidad que a lo largo de 40 años ha existido en la zona y a las empresas que contaminan se les aplique la Ley, es hora de llevar a las zonas de actividades extractivas el Estado de derecho para desterrar la impunidad y defender la vida y la vigencia de las normas.
¿Conociendo cómo funciona la justicia en nuestro país, ustedes piensan alcanzar justicia por este medio?
-Es otra oportunidad que tiene una parte del Estado y creo que las federaciones lo que buscan es que no haya impunidad, no puede haber un sistema democrático sin estándares mínimos de justicia, es una tarea de todos. En ese sentido la Corte Superior y el Ministerio Público de Loreto tienen que asumir sus deberes constitucionales, es muy grave lo que está pasando en el Juzgado Mixto de Nauta expediente 122-2006 donde en casi 7 años aún se sigue en etapa de investigación judicial, a la fecha no se ha tomado declaraciones a las decenas de personas afectadas en la salud, a los Apus de las comunidades impactadas por la contaminación, a la fecha no se ha realizado inspecciones judiciales, etc.
Esta situación nada casual debe terminar, no hay ningún argumento para no realizarlo, hoy el Estado tiene suficientes recursos también para administrar justicia, no puede ser que los jueces sean valientes solo para encarcelar a los indígenas cuando protestan y frente a los delitos de cuello de corbata prevariquen o se hagan de la vista gorda. En cuanto a las últimas investigaciones abiertas por las fiscalías ambientales de Loreto los medios han dado la noticia de que los directivos de la Pluspetrol no se presentan a declarar y hemos visto como el presidente de la junta de fiscales en vez de dar instrucciones para que se traiga e estas personas a declarar conforme a Ley sale a la prensa haciendo una invocación.
Aquí tenemos una muestra de los contrastes y el resultado es que estas fiscalías en plena declaratoria de emergencia ambiental no se atreven a ingresar a la zona a realizar lo que les manda la ley.
¿Son buenas realmente las relaciones entre las comunidades y la Pluspetrol?
-Hay distintos planos; por un lado está los convenios que firman de manera periódica donde hay diversos compromisos mutuos en la lógica de parte de la empresa del apoyo social, a veces son obligados a sentarse a dialogar para el reconocimiento de derechos, otra relación es por medio de las empresa comunales a las que se da un tipo de trabajo y por medio de ello los comuneros acceden a un trabajo para poder obtener un ingreso esporádico; en general en esta etapa donde se ha visibilizado los impactos hay mayor apertura al diálogo para solucionar los problemas. Esperemos que esto continúe a la hora de resolver la compensación por uso de tierras y las indemnizaciones por impactos, ahí se verá hasta donde llega esa apertura.
Pero también hay un lado duro e implacable con los indígenas y es cuando se dan situaciones de protesta, como lo sucedido en marzo del 2008 con la toma del aeródromo de Andoas en el Pastaza y las baterías de San Jacinto en el Tigre, aquí la conducta de la empresa ha sido y es muy abusiva; en el primer hecho a lo largo del proceso de juzgamiento los abogados de la empresa han manifestado que no hay contaminación y para los líderes de la protesta (21 procesados indígenas) solicitaron el máximo de la penal, es decir 25 años de cárcel; y para los sucesos del Tigre están pidiendo que se les acuse entre otros por el delito de extorsión y con ello están buscando que estos indígenas que protestaron sean juzgados por la Sala Penal Nacional con sede en Lima.
